La minuta llegó a la Cámara de Senadores luego de que los diputados realizaran 68 cambios a la iniciativa
El Senado de la República aprobó, en lo general y lo particular, la reforma para crear la Ley General de Aguas y reforma la Ley de Aguas Nacionales luego de varias horas de debate y pugna entre los partidos oficialistas y de oposición.
A penas unas horas antes, alrededor de las 14:10 horas del jueves 4 de diciembre, la Cámara de Diputados avaló dicha iniciativa, en lo general y lo particular, tras más de 20 horas de discusión y con 68 modificaciones en la ley, por lo que la minuta fue recibida en el Senado.
En ese sentido, cerca de las 16:21 horas del mismo 4 de diciembre, la Cámara de Senadores retomó el proceso legislativo de la iniciativa que, posteriormente y en su votación general, fue avalada con 85 votos a favor y 36 en contra.
Luego de concluida esta fase, durante la discusión en lo particular fueron presentadas 25 reservas por parte de senadores de Morena, PAN, PRI, PVEM y Movimiento Ciudadano para modificar diversos artículos, las cuales al final fueron rechazadas por el Pleno.
De esta forma, hacia las 23:45 horas, la reforma fue aprobada en lo particular, con 82 votos a favor y 34 en contra, por lo que la minuta fue enviada al Ejecutivo para su publicación.
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Como era de esperarse, el debate de la reforma se mantuvo en un tono de confrontación entre los partidos oficialistas (Morena, PT y PVEM) frente a los de oposición (PAN, PRI y Movimiento Ciudadano).
En general, entre ambas visiones estuvo centrada en dos puntos: mientras los primeros consideran que la reforma devuelve el agua al pueblo y evita su uso como mercancía, los segundos afirmaron que la iniciativa concentra demasiado poder en el Gobierno Federal y genera riesgos.
En acompañamiento a esta discusión, los escaños del Pleno se vieron inundados de carteles, algunos con las leyendas: “Morena traiciona a campesinos” o “Si Zapata viviera, con esta pinche ley (sic) no estuviera”. Otros más respondían: “El agua es un derecho, no un negocio” y “El agua es vida, no mercancía”.
Incluso, en algún momento, del lado del PAN, se colocó una manta en la que se mostró el texto: “Expropiar el agua es condenar al campo a pobreza, a la falta de alimentos para el pueblo”.
Incluso, y pese a que durante la mañana Efraín Morales López, director de CONAGUA, recalcó que la minuta mantenía el derecho a vender o heredar tierras con concesiones, el senador del PAN, Ricardo Anaya, afirmó que los campesinos ya no podrían vender su parcela y transmitir la concesión de agua asignada a ella.
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Según se mencionó el objetivo de la creacíon la Ley General de Aguas y la reforma a la Ley de Aguas Nacionales es garantizar el líquido como derecho humano, eliminar la posibilidad de que el recurso sea mercantilizado, además de fortalecer que el Estado ejerza rectoría sobre este recurso y su administración.
En ese sentido, destaca restricciones a la transmisibilidad de concesiones y asignaciones, precisando que que las concesiones para su uso no pueden ser transmitidas entre particulares, pues será obligación de la CONAGUA la que la distribuya de nuevo. Aunque, solo existirá reasignación en compraventa de propiedad, herencia o fusión, cuestión que tendrá que resolverse en máximo 20 días hábiles.
En este mismo rubro, se establecen prórrogas claras y precisa que la venta de tierras agrícolas no se considerará cambio de uso si permanece en actividades agropecuarias o acuícolas.
También plantea las instancias, instrumentos y procedimientos para la participación de la Federación, estados y municipios en la tutela del derecho humano al agua, y define los mecanismos, instrumentos e instancias de participación ciudadana en el acceso equitativo y uso sustentable del vital líquido.
Entre otros temas, se establece el acceso equitativo y sustentable a los servicios públicos de agua y saneamiento, así como el fortalecimiento de las bases para su operación.
Además, se establecen las bases de las políticas que garanticen las perspectivas de género, discapacidad, interculturalidad, intergeneracional, ecosistémica y etaria, para fomentar condiciones de equidad en la gestión y gobernanza del agua.
También, Conagua deberá establecer un programa para prevenir concentraciones excesivas de agua. A la vez, incorpora un catálogo de delitos hídricos, junto a penalizaciones, que serán perseguidos de oficio.
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