La sesión registró diversos enfrentamientos entre bancadas, centradas entre señalamientos sobre Maru Campos y Rubén Rocha Moya
Durante una larga jornada, el Senado de la República aprobó en lo general y lo particular la reforma al artículo 41 de la Constitución para anular elecciones cuando se acredite la existencia de intervención extranjera en el proceso electoral.
En esta misma jornada, las y los legisladores aprobaron la reforma al Poder Judicial que permite aplazar la elección de jueces, magistrados y ministros para 2028. Dicha modificación incluye una reserva para que los magistrados en funciones de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) puedan reelegirse en dichos comicios.
En una sesión plagada de enfrentamientos entre partidos de oposición y oficialistas, la reforma para anular comicios fue aprobada alrededor de las 02:35 horas de este viernes 29 de mayo a través de una sola votación.
Su llegada al Pleno, luego de que la Cámara de Diputados la hubiera avalado, tuvo un rápido proceso, pues pocas horas antes las Comisiones del Senado aprobaron la minuta con 18 votos a favor y siete en contra.
Aprobada en Comisiones, la minuta se turnó a la Mesa Directiva para que fuera sometida a votación en el Pleno, donde el debate general sobre la reforma presentó solo 10 oradores entre quienes sustentaron el dictamen, presentaron mociones y fijaron las posturas de las bancadas.
De esta forma, y ya en el Pleno, la iniciativa por la que se adiciona “un inciso a la base sexta del artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para introducir una nueva causal de nulidad de elecciones por intervención extranjera” se aprobó con 85 votos a favor de Morena y aliados, frente a 42 en contra de la oposición.
Ante ello, el documento ya ha sido enviado a los Congresos locales para que la reforma continúe su proceso legislativo.
Te puede interesar:
Los partidos de oposición, PAN, PRI y Movimiento Ciudadano (MC) cuestionaron que la reforma era ambigua, sujeta a interpretación y la cual ponía en riesgo la libertad de expresión de los organismos internacionales.
Asimismo, estos afirmaron que era una nueva herramienta de Morena para anular elecciones bajo conceptos manipulables. Si bien, desde el lado de MC se admitió que la injerencia extranjera y la desinformación transfronteriza son riesgos reales. No obstante, afirmaron que la legislación no definía con claridad sus objetivos.
Frente a estas posturas, Morena recalcó que la legislación tiene un propósito democrático, a fin de asegurar que las decisiones en México se tomen sin dinero, presiones o manipulación extranjera. En este tenor, el PT calificó la iniciativa como no un simple ajuste técnico sino una “definición histórica” ante una realidad mundial que ya afecta a todas las democracias.
Te puede interesar:
La reforma añade un nuevo inciso a la fracción VI del artículo 41 de la Carta Magna para establecer una cuarta causal que permita anular elecciones locales y federales en México, según lo considere en su análisis el TEPJF.
Esta medida aplicará cuando se compruebe la intervención de individuos, organizaciones o gobiernos extranjeros con la intención de influir en las preferencias o en los resultados de los comicios.
Entre la variedad de conductas ilícitas señaladas como factores para dañar la libertad y autenticidad del voto, se considera el financiamiento ilícito, presiones diplomáticas, económicas o mediáticas, propaganda, desinformación y manipulación digital mediante bots.
Horas antes de la aprobación de la reforma para anular las elecciones por intervención extranjera, el Pleno del Senado discutió por más cinco horas la reforma constitucional al Poder Judicial que aplaza hasta 2028 la elección judicial, comicios previstos originalmente para 2027.
De manera general, los partidos de oposición rechazaron la reforma argumentando que no corregía el modelo de elección judicial que se aprobó en 2024, sino, según afirmaron, pretende aumentar el control político que Morena tiene sobre el Poder Judicial.
En cambio, Morena y aliados defendieron que postergar la elección busca fortalecer las instituciones, incentivar una mayor participación ciudadana y otorgar el tiempo necesario para perfeccionar el marco normativo.
Tras esto, en lo general el dictamen fue aprobado en lo general por 87 votos a favor de los partidos oficialistas, frente a 40 en contra de la oposición. Seguido de esto, se debatieron las 17 reservas que fueron presentadas (todas ellas siendo rechazadas). Así, en su votación en lo particular el dictamen fue aprobada con 86 votos a favor y 41 en contra.
El cambio central de la propuesta es el traslado de la elección judicial al domingo 4 de junio de 2028, con la posibilidad de que coincida con la consulta de revocación de mandato, en caso de ser solicitada.
Además, con el fin de optimizar la selección de candidatos, se creará una comisión coordinadora con representantes de los comités de evaluación del Ejecutivo, Legislativo y Judicial, la cual estará encargada de homologar criterios, verificar requisitos como la licenciatura en Derecho y aplicar exámenes de conocimiento.
Asimismo, se reducirá el número de candidaturas en las boletas a solo dos perfiles por puesto mediante una insaculación pública que garantice la paridad de género. Por su parte, las boletas se simplificarán y el INE dividirá el territorio en distritos para que cada ciudadano vote solo por los cargos de su zona.
Respecto a la organización, la iniciativa propone que el conteo de votos se realice en la misma casilla y que se adelante el plazo para emitir la convocatoria de septiembre a abril, manteniendo la prohibición de que los partidos políticos intervengan en el proceso.
Además, para las personas juzgadoras electas se establecerán programas obligatorios de capacitación permanente coordinados por el Tribunal de Disciplina y la Escuela Judicial, sumado a una evaluación de desempeño durante su primer año en funciones.
A nivel regional, la reforma exige que las entidades federativas repliquen este modelo federal, incluyendo la reducción de candidatos y los procesos de insaculación; para ello, los estados tendrán un plazo de 60 días para adecuar sus constituciones locales una vez aprobada la reforma.
Igualmente, establece la creación de dos secciones en la Suprema Corte de Justicia de la Nación para aliviar la carga de trabajo, evitando así que el Pleno resuelva la totalidad de los asuntos.
En tanto, permitirá que los cuatro magistrados electorales en funciones del TEPJF puedan participar en las elecciones de 2028, con la posibilidad de alcanzar hasta 17 años en sus cargos, lo que fue criticado por la oposición.
Te puede interesar:
