La propuesta fue respaldada por los partidos oficialistas, mientras que los de oposición mostraron su rechazo
Este viernes 29 de mayo, el Senado de la República aprobó en lo general y lo particular la creación de la Comisión de Verificación de Integridad de Candidaturas, un filtro que tiene como meta evaluar los perfiles de los aspirantes propuestos por los partidos políticos para verificar si tienen vínculos con el crimen organizado.
Dicho filtro estará compuesto por el Instituto Nacional Electoral (INE), junto a diversas instituciones de seguridad, investigación y procuración de justicia.
La aprobación se dio durante la madrugada de este viernes 29 de mayo, luego de un acalorado debate entre las bancadas oficialistas y opositoras; esta tensa dinámica fue la constante en las iniciativas discutidas durante toda la sesión, como la reforma para aplazar la elección judicial a 2028 y la iniciativa para anular las elecciones por injerencia extranjera.
Tal como lo documentó la periodista Leti Robles de la Rosa, el proceso completo, entre la discusión en lo general, en lo particular y sus respectivas votaciones, se resolvió en tan solo 37 minutos, debido a que el dictamen recibió el trámite de urgente resolución.
Durante este bloque se presentaron cuatro reservas por parte del PAN y del PRI, las cuales fueron rechazadas.
En lo general, el proyecto fue avalado con 85 votos a favor de Morena y sus aliados, frente a 40 en contra de los partidos de oposición. En su votación en lo particular, obtuvo luz verde con 84 votos a favor y 41 en contra. De esta forma, la minuta fue remitida al Ejecutivo Federal.
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Las bancadas de oposición, PRI, PAN y Movimiento Ciudadano (MC), rechazaron el dictamen, exponiendo, en general, que la propuesta es superficial y debilita la democracia.
Desde el PAN se calificó que se tratan de una “salida fácil”, pues no planteaba sanciones reales, no contempla la nulidad de elecciones, ni estipula la pérdida de registro para los partidos que terminen postulado a candidatos con vínculos delictivos.
Por su parte, el PRI rechazó la reforma pues señaló que las elecciones deben ganarse legítimamente en las urnas y no “en los escritorios oficiales”, con interpretaciones ambiguas fabricadas a modo.
En tanto, MC señaló que, pese a que la reforma se presenta como una solución para evitar los nexos entre crimen organizado y política, esta pone en riesgo la democracia y no da soluciones.
Pese a esto, el bloque oficialista defendió la creación del filtro, señalando que es una respuesta de análisis de riesgo e institucional necesaria para proteger la democracia y asegurar la limpieza de los procesos electorales.
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La iniciativa, enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum, reforma y adiciona diversas disposiciones a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en materia de Integridad de Candidaturas.
Particularmente, modifica el artículo 42, título segundo bis del libro cuarto con su capítulo único, los artículos 200 bis, 200 ter y 200 quater, y los artículos transitorios primero, segundo, tercero, cuarto y quinto del proyecto de decreto, todos en sus términos.
Con ello, se busca crear la Comisión de Verificación de Integridad de Candidaturas, organismo que dependerá de INE y estará integrada por cinco consejeros electorales, quienes serán elegidos por el Consejo General para un periodo de tres años.
Dicha comisión servirá como “vínculo” entre autoridades de seguridad, inteligencia y de procuración de justicia y partidos políticos, los cuales voluntariamente decidirán participar.
Esta instancia recibirá y consultará los nombres de los aspirantes a candidaturas ante el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), la Fiscalía General de la República (FGR), la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).
El mecanismo funcionará a partir de que los partidos políticos entreguen voluntariamente su lista de aspirantes a la Comisión. Luego, esta instancia consultará con las diferentes instituciones de seguridad, inteligencia y de procuración de justicia, las cuales analizarán y determinarán si no existe riesgo o si, por el contrario, se detecta "un riesgo razonable" de que la o el candidato mantenga vínculos con la delincuencia organizada.
Tales instituciones únicamente notificarán a la Comisión la existencia o no de dicho "riesgo razonable"; en caso de que se confirme una alerta, omitirán señalar el asunto del que se derive la misma.
De esta forma, la Comisión informará a los partidos políticos sobre el estatus del perfil, indicando las dependencias que advierten de la anomalía. Así, con base en esta información, las fuerzas políticas serán responsables de determinar si registran o no a la o el candidato.
En tanto, de encontrar información relevante, las autoridades continuarán con las investigaciones correspondientes, de acuerdo con las atribuciones de cada una de ellas. Asimismo, se establece que los aspirantes deberán manifestar obligatoriamente su conformidad de ser evaluados por la Comisión, independientemente de si el partido decide someter sus perfiles o no a consulta.
Igualmente, el proceso se realizará en condiciones de estricta confidencialidad entre todas las partes, y la información que identifiquen las autoridades competentes tendrá carácter reservado para no afectar el debido proceso. Mediante este diseño, se pretende que el mecanismo entre en vigor a partir de las elecciones de 2027.
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