Desde un inicio la bancada del PT rechazó que el proyecto de la Reforma Electoral contemplara que la revocación de mandato ocurriera el mismo día de la elección federal intermedia del 2027
El Senado de la República aprobó, en lo general y lo particular, el llamado "Plan B" de la Reforma Electoral, luego de más de seis horas de discusión en el Pleno, aunque con un cambio de último minuto impulsado por el PT, para remover la revocación de mandato durante las elecciones de 2027.
La posición del partido oficialista permanecía incierta luego de que, en su votación en Comisiones, ningún senador del PT apareciera en la sesión. Sin embargo, esta falta de apoyo total a la iniciativa enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum fue mostrada desde un principio.
Desde un primer momento, dicha bancada rechazó que el proyecto contemplara que la revocación de mandato ocurriera durante la misma jornada electoral de la elección federal intermedia del 2027, así como que la presidenta pudiera promover dicha votación.
La reforma fue avalada durante la sesión vespertina del miércoles 25 de marzo, que inició poco después de las 17:30 horas y concluyó hacia las 23:50 horas. Tanto en lo general como en lo particular, el dictamen fue avalado con 87 a favor y 41 en contra, con el respaldo de Morena, PT y PVEM.
Previo a la votación en lo particular, se presentaron diversas reservas. Entre ellas la de la senadora del PT, Lizeth Sánchez, cuya modificación se centró en eliminar en el artículo 35; texto que planteaba la revocación de mandato en 2027 y que la presidenta pudieran promover dicha votación durante el proceso electoral de ese año.
En ese sentido, la senadora subrayó que el PT respaldaba el fortalecimiento de la participación ciudadana. Aseguró que su partido no defiende "privilegios", ya que busca "profundizar la democracia". Sin embargo, profundizó sobre su propuesta:
“Nuestra reserva propone eliminar en su totalidad el artículo 35 dentro de ese dictamen, para que la revocación de mandato se mantenga en los términos vigentes de la constitución y conserve su naturaleza democrática. No se trata de debilitar la participación ciudadana, se trata de protegerla, de garantizar la estabilidad democrática del país frente a presiones externas o tensiones internas que pretendan distorsionar los mecanismos de participación ciudadana”.
Asimismo, Lizeth Sánchez afirmó que mezclar la elección intermedia con la revocación de mandato en 2027 alteraba el proceso democrático. “Tienen propósitos distintos con una lógica democrática propia y se corre el riesgo de distorsionar su sentido”, dijo.
Luego de su presentación, se puso a votación económica con voto a mano alzada. Una vez aceptada la reserva, diversos senadores celebraron su aprobación con vítores, chiflidos y gritos de "sí se pudo, sí se pudo".
De esta forma, ahora la revocación de mandato se realizará en 2028 y no en 2027, como originalmente se planteó. Ya que el dictamen fue avalado en el Senado de la República, la minuta del “Plan B” fue enviada a la Cámara de Diputados, donde habrá de continuar con su proceso legislativo.
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Durante el debate, los partidos de oposición (PAN, PRI y Movimiento Ciudadano (MC), adelantaron su voto en contra, criticando que era antidemocrática, no cumplía los objetivos de austeridad y era un retroceso para la democracia del país. Igualmente, muchos senadores de oposición celebraron que el PT no fuera en total apoyo en la reforma.
Por ejemplo, Luis Donaldo Colosio de MC afirmó que la reforma trastocaba “conquistas democráticas que a este país le costó décadas el superar y el construir”.
Claudia Anaya del PRI mostró su felicidad de que “el PT se haya separado de la revocación de mandato” y dijo: “aún existen resabios de la izquierda”.
Incluso, hubo comentarios más subidos de tono, como el de la senadora del Pan, Mayuli Latifa Martínez, quien además de enlistar presuntos vínculos de legisladores morenistas con el crimen organizado, afirmó que la revocación de mandato de 2027 era una forma de defensa a Morena.
“Se los está llevando la chingada en México y a su partido. Tienen miedo a perder las elecciones, rompan ya con el pacto que tienen con el crimen organizado (...) Les está llevando la chingada a su partido por eso quieren sacar a la presidenta a las elecciones, es reelección lo que ustedes buscan”, aseveró.
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Uno de los principales puntos del Plan B es la reducción del número de regidores en los municipios, por lo que la propuesta plantea que los ayuntamientos tengan entre siete y un máximo de 15 regidores, dependiendo del tamaño de la población.
Se propone, también, que ningún presidente municipal o regidor pueda recibir bonos u otros beneficios adicionales, más allá de su salario.
En el caso de los Congresos locales, se propone establecer un tope presupuestal equivalente al 0.7% del presupuesto estatal. Sin embargo, la presidenta mencionó que si un congreso ya se encuentra por debajo de ese porcentaje, sólo podrá aumentar su presupuesto en términos reales; si está por encima, deberá reducirlo.
También, en la iniciativa de contempla limitar las remuneraciones de funcionarios del Instituto Nacional Electoral (INE), tribunales electorales y organismos locales, de modo que no puedan recibir salarios superiores al de la presidenta de la República.
Asimismo, se propone eliminar beneficios adicionales como bonos, seguros de gastos médicos mayores u otros ingresos extra.
Igualmente, el proyecto incluye nuevas medidas de fiscalización para los partidos políticos, como la obligación de transparentar las remuneraciones de sus dirigentes, así como reportar en tiempo real sus operaciones financieras mediante sistemas bancarizados.
En este mismo rubro, establece que ningún dirigente partidista podrá ganar más que la presidenta y se refuerzan los mecanismos para evitar financiamiento irregular en campañas, incluyendo la prohibición de recursos ilícitos, de origen no comprobable o provenientes del extranjero.
La propuesta también permitiría que el INE solicite apoyo de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para revisar el origen de recursos cuando lo considere necesario. Cabe mencionar que en el caso del Senado, también se prevé una reducción progresiva del gasto hasta llegar al 15%.
Las modificaciones incluyen reformas a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y a la Ley General de Partidos Políticos.
Adicionalmente, se propone que el cómputo de votos federales comience en cuanto llegue el primer paquete electoral, en lugar de esperar hasta el miércoles posterior a la jornada electoral.
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