Luego de casi seis años de espera, dictan sentencia de más de 34 años de prisión por el asesinato de la activista trans Mireya Rodríguez Lemus.
A casi seis años del asesinato de Mireya Rodríguez Lemus, reconocida defensora de los derechos de mujeres trans y trabajadoras sexuales, promotora de salud en VIH y cofundadora de Unión y Fuerza de Mujeres Trans Chihuahuenses A.C., un Tribunal de Enjuiciamiento emitió una sentencia que marca un momento decisivo en el caso, tras un proceso judicial largo y complejo.
La resolución establece una pena de 34 años y 6 meses de prisión contra Iván Arturo G. P., tras ser encontrado culpable de homicidio agravado en razón de género y robo agravado.
Este fallo ocurre después de que, en una etapa previa del proceso, el acusado fuera absuelto, lo que generó cuestionamientos y mantuvo vigente la exigencia de justicia.
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El caso tuvo un giro significativo tras la reposición del proceso, lo que permitió que se revaloraran pruebas y se reconsideraran los hechos bajo un enfoque distinto. La intervención de la Fiscalía Especializada en Investigación de Violaciones a Derechos Humanos y Desaparición Forzada fue clave para sostener la acusación y lograr una nueva resolución.
Este nuevo análisis permitió que el Tribunal determinara la responsabilidad penal del acusado, corrigiendo así el fallo anterior y avanzando hacia una sanción definitiva.
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Además de la pena de prisión, el Tribunal incluyó diversas medidas de reparación integral. Entre ellas, destaca una compensación económica superior a los 439 mil pesos a favor del padre de la víctima , así como montos específicos por gastos funerarios y el delito de robo.
También se ordenó evaluar el daño moral y psicológico causado, con el objetivo de que sea cuantificado y atendido conforme a derecho. Estas disposiciones buscan reconocer las afectaciones derivadas del crimen más allá del ámbito penal.
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El Tribunal tomó en cuenta distintos factores que colocaban a Mireya Rodríguez en una situación de vulnerabilidad, como su identidad de género, su contexto económico y su ocupación. Asimismo, se estableció que el agresor se aprovechó de la confianza que existía entre ambos para ingresar al domicilio.
Estos elementos fueron determinantes para clasificar el delito como agravado en razón de género, reforzando la importancia de analizar cada caso con perspectiva adecuada y considerando las circunstancias particulares de las víctimas.
