El director de Apizaco, Tlaxcala, Sergio Mejía Piña, fue destituido de su cargo tras haber conducido bajo los efectos del alcohol.
Sergio Mejía Piña, quien hasta el pasado viernes 26 de septiembre se desempeñó como director administrativo del Ayuntamiento de Apizaco, fue separado de su cargo tras ser detenido esa misma noche por provocar un accidente de tránsito en esta ciudad del estado de Tlaxcala.
Iba en completo estado de ebriedad y, no conforme con ello, se indignó por ser detenido y posteriormente agredió a los agentes de la policía municipal que lo capturaron.
El incidente ocurrió cuando Mejía Piña perdió el control de su vehículo en las calles del centro de Apizaco, el segundo municipio más importante de Tlaxcala, ocasionando daños materiales.
Al arribar los uniformados al lugar para auxiliar en el percance, el funcionario, lejos de colaborar, mostró una actitud prepotente y desafiante, resistiendo la autoridad y agrediendo físicamente a los oficiales.
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La agresión fue captada en video y se difundió ampliamente en redes sociales, lo que generó indignación ciudadana y amplificó el caso.
La confrontación obligó a la movilización de más agentes para poder someter y poner bajo resguardo al entonces servidor público.
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Frente a estos hechos, el Ayuntamiento de Apizaco emitió un comunicado oficial este domingo 28 de septiembre, informando la "separación del cargo" de Sergio Mejía, reafirmando que en la administración municipal "nadie está por encima de la ley".
La institución destacó que la situación jurídica del exfuncionario seguirá su curso correspondiente ante las autoridades competentes "sin ningún privilegio ni distinción" por el cargo que desempeñaba.
Las autoridades indicaron que se imputará a Mejía Piña por al menos tres faltas: conducir en estado de ebriedad, provocar un accidente vial y agredir a policías.
La investigación, a cargo de la Dirección de Seguridad Pública y la Fiscalía estatal, continúa abierta para determinar las responsabilidades legales correspondientes, en un caso que ha puesto a prueba los compromisos de transparencia y legalidad de la administración local.
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