Los servidores públicos son de diversas dependencias entre ellas CFE, IMSS, SAT, Guardia Naciona, entre otras
En un intento por reducir la impunidad en la administración federal, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, junto con el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), impuso sanciones disciplinarias severas a empleados públicos con faltas e irregularidades.
En total, 55 funcionarios de 20 dependencias e instituciones estatales recibieron inhabilitaciones de hasta una década y multas que superan los 102 millones de pesos.
Las decisiones buscan detener conductas ilícitas que van desde el fraude en contrataciones y el incumplimiento de entregas hasta el acoso sexual y la falsificación de documentos oficiales.
El desglose de las investigaciones administrativas y judiciales muestra que las irregularidades financieras más grandes se concentraron en los organismos de programas sociales y salud pública.
En Alimentación para el Bienestar se registraron los desvíos más graves: exservidores como Carlos V., Manuel L. y René G. recibieron inhabilitaciones de 10 años y multas individuales de 73.4 millones de pesos por simular el pago de carne que no se entregó; además, esos exfuncionarios y una empresa privada enfrentaron una sanción conjunta de 16.6 millones de pesos por fallas en la compra de atún sin comprobar la recepción del producto.
Asimismo, en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), América M. y Jael . fueron sancionadas con 10 años de inhabilitación y multas de 10.1 millones de pesos tras alterar deliberadamente los costos de mercado de consumibles como tóners.
Para dar seguimiento a estos esquemas en las instituciones del Estado, se sugiere revisar los reportes de auditoría en programas de abasto e instituciones de salud pública.
Por otra parte, en Petróleos Mexicanos (Pemex) las faltas incluyeron cobros indebidos de prestaciones de gasolina por personal médico como Massie H. y operativo como Martha E., con sanciones de hasta 10 años de inhabilitación y multas superiores a 600 mil pesos, además de esquemas de simulación de contrataciones realizados por Braulio M..
En la Comisión Federal de Electricidad (CFE), se dictaminaron inhabilitaciones por cobros indebidos a usuarios encabezados por José P. y suspensiones por vulneración de la protección de datos personales de instituciones educativas.
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Más allá de los problemas presupuestales, las auditorías registraron faltas éticas graves y abusos en el ejercicio del cargo público. Entre los casos más relevantes destaca la destitución de 10 integrantes de la Guardia Nacional (Zenaida V., Minerva A., Karina R., Everardo A., Azael S., Erik N., Javier A., Luis L., Alejandro P. y Jorge A.) tras confirmarse que presentaron certificados de estudio falsos para obtener licencias de portación de armas de fuego.
Por su parte, en la Agencia Nacional de Aduanas de México, Carlos F. fue inhabilitado por 5 años por hostigamiento y acoso sexual contra cinco servidoras públicas durante cursos de capacitación. Si deseas profundizar en el marco legal que sanciona estas conductas, puedes consultar la regulación de faltas administrativas graves en el servicio público.
Otras conductas sancionadas incluyeron el uso indebido de recursos e instalaciones institucionales para fines ajenos al servicio público.
Miembros de la Guardia Nacional y del Servicio Geológico Mexicano de la Secretaría de Economía fueron suspendidos por emplear vehículos oficiales, armamento o uniformes para asistir sin autorización a carreras de caballos, mientras que en el Instituto Nacional del Derecho de Autor, Raymundo R. fue inhabilitado por 6 meses al usar el equipo de cómputo institucional para consumir contenido para adultos.
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Las sanciones económicas impuestas por el TFJA y el órgano fiscalizador suman 102 millones de pesos.
A los montos del sector agroalimentario y de salud se añaden multas en el Banco del Bienestar contra personal de ventanilla y cajas como Roberto R., Karina ., Jesús S., Mirna B. y Cindy C. por falsificar cierres o retirar dinero de cuentas sin autorización.
Para comprender cómo el Estado intenta recuperar estos saldos, conoce los mecanismos de fiscalización y restitución del patrimonio.
En Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA), María G. recibió una multa de 80 mil pesos y una inhabilitación de 10 años al faltar a sus labores en el Aeropuerto de Palenque para impartir clases particulares mientras percibía su sueldo completo.
Finalmente, en Financiera para el Bienestar se sancionó a José M. con una multa de 72 mil pesos y una inhabilitación de una década por apropiarse de fondos destinados solo a su administración.
Estas medidas buscan establecer un precedente firme contra la corrupción y el desvío de recursos en la función pública.
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