La presidenta Claudia Sheinbaum descartó que la revocación de una visa estadounidense sea, por sí sola, un impedimento.
La presidenta Claudia Sheinbaum rechazó que una decisión del gobierno de Estados Unidos relacionada con la visa de una persona pueda determinar su posibilidad de contender por un cargo público en México.
Durante sus declaraciones, explicó que las autoridades estadounidenses tienen facultades para decidir quién puede ingresar a su territorio, pero esa determinación no establece automáticamente restricciones para participar en elecciones mexicanas.
Ante los cuestionamientos sobre si una medida de este tipo podría tener consecuencias electorales, la mandataria señaló que los requisitos para competir por un cargo en México están determinados por las leyes nacionales y no por la situación migratoria que una persona tenga frente a otro país.
Sheinbaum descartó que exista una relación automática entre ambas situaciones. Aseguró que una persona puede enfrentar una decisión migratoria de Estados Unidos y, al mismo tiempo, conservar sus derechos políticos en México.
La presidenta también diferenció las decisiones que corresponden exclusivamente al gobierno estadounidense de las atribuciones de las instituciones mexicanas.
Explicó que la cancelación de una visa no equivale por sí misma a una sentencia, una inhabilitación política ni a una resolución de las autoridades electorales mexicanas.
La emisión, renovación o revocación de visas corresponde a las autoridades estadounidenses. Estas determinaciones forman parte de sus procedimientos migratorios y pueden afectar la posibilidad de que una persona ingrese a territorio estadounidense, pero sus efectos no se trasladan automáticamente al ejercicio de derechos políticos dentro de México.
En este contexto, Sheinbaum sostuvo que México no puede intervenir en las decisiones que tome Estados Unidos respecto de sus visas.
La mandataria también planteó que cualquier señalamiento relacionado con posibles delitos debe contar con elementos que permitan iniciar una investigación formal, independientemente de que exista o no una restricción migratoria.
Para impedir legalmente que una persona participe en una elección mexicana tendría que existir una causa prevista en la legislación nacional o una resolución de la autoridad competente que produzca ese efecto.
