La propuesta plantea clasificar contenidos por edad, reforzar la privacidad y habilitar reportes y supervisión parental en plataformas
La protección de niñas, niños y adolescentes en internet fue uno de los temas de la mañanera de este viernes 9 de octubre. Luisa María Alcalde presentó un proyecto de decreto que establece obligaciones para las plataformas digitales, desde limitar la exposición a contenidos violentos hasta colaborar con las autoridades investigadoras.
La presidenta Claudia Sheinbaum dijo que el decreto podría publicarse en el Diario Oficial de la Federación el martes o miércoles. La publicación permitirá conocer el texto definitivo y los plazos para que las plataformas comiencen a cumplir las medidas.
El proyecto aplica a plataformas y servicios digitales en internet que permiten la interacción, comunicación, generación, difusión o intercambio de contenidos entre personas usuarias. El alcance comprende espacios donde niñas, niños y adolescentes pueden publicar materiales, comunicarse con otras personas o recibir recomendaciones.
Entre los contenidos que se busca impedir que lleguen a menores están los discursos de odio, el abuso, la violencia escolar o sexual y el ciberacoso. La propuesta también considera publicaciones que promuevan el suicidio o los trastornos alimenticios, además de otros materiales que puedan poner en riesgo a niñas, niños y adolescentes.
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Las plataformas tendrían que impedir el acceso, la exposición o la recomendación de ese tipo de publicaciones. El planteamiento busca que las empresas intervengan tanto en los contenidos disponibles en sus servicios como en los materiales que sus sistemas recomiendan a las personas usuarias menores de edad.
La propuesta establece que videos, imágenes y textos deberán clasificarse por edad, para que el acceso a los contenidos considere si la persona usuaria es menor de edad. También contempla herramientas de supervisión para madres, padres y personas tutoras.
La privacidad y la seguridad deberán estar configuradas de manera predeterminada para proteger a niñas, niños y adolescentes. Además, las plataformas tendrían que habilitar mecanismos para reportar a usuarios y publicaciones que difundan contenidos violentos.
Con estas herramientas, las familias podrían acompañar el uso de los servicios y responder ante situaciones de riesgo. El texto definitivo deberá precisar cómo funcionarán los controles, qué contenidos quedarán sujetos a clasificación y cómo se atenderán los reportes.
Luisa María Alcalde en la mañanera explicando decreto de protección a menores en internet. Foto: Presidencia
El proyecto contempla que las plataformas mantengan un punto de contacto disponible las 24 horas, todos los días, para responder a requerimientos de información de las autoridades investigadoras. La medida plantea un canal permanente para atender solicitudes relacionadas con investigaciones.
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La colaboración con las instancias de seguridad forma parte de las obligaciones que presentó Alcalde durante la mañanera. El decreto deberá detallar el alcance de esos requerimientos y las reglas para su atención una vez que se publique en el Diario Oficial de la Federación.
Además de las obligaciones para las empresas, la propuesta incluye acciones de prevención y apoyo para niñas, niños y adolescentes. Entre ellas está la Línea de la Vida, que ofrece orientación y apoyo psicológico a las personas que lo necesiten.
El plan también prevé difundir el ABC de las Emociones, con información sobre salud mental y uso consciente de las redes sociales. Estas acciones acompañarían las medidas dirigidas a las plataformas con orientación para adolescentes, jóvenes y sus familias.
El plan también prevé difundir el ABC de las Emociones, con información sobre salud mental. Foto: Presidencia
Sheinbaum anticipó que el decreto podría aparecer en el Diario Oficial de la Federación el martes o miércoles. La publicación permitirá revisar el contenido final y conocer los plazos para que las plataformas cumplan con las medidas.
Hasta que se publique el documento, los puntos presentados en la mañanera corresponden al proyecto anunciado por el Gobierno federal. El texto oficial precisará qué servicios quedarán obligados, cómo se supervisará su cumplimiento y a partir de cuándo deberán operar las herramientas de protección.
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