La decisión nace tras la reciente reforma propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum la cual fue conocida a finales de agosto
La Cámara de Diputados aprobó, en lo general y en lo particular, una reforma en materia de nacionalidad única que prohíbe a personas con doble nacionalidad contender a la titularidad de los Poderes Ejecutivos federal y locales, tales como la Presidencia de la República, las gubernaturas estatales o la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.
La iniciativa discutida en San Lázaro deriva de un proyecto presentado a finales de agosto por la presidenta Claudia Sheinbaum, quien argumentó al darla a conocer: “es indispensable que los gobernantes sean mexicanos o mexicanas".
Para su aprobación en lo general y en lo particular, la reforma requirió, en primera instancia, el respaldo de la mayoría calificada en la Cámara Baja; es decir, la votación a favor de al menos dos terceras partes de los legisladores presentes en el salón de plenos. La Cámara de Diputados al estar integrada por 500 legisladores, el límite para alcanzar dicha mayoría es de 334 votos.
En la votación en lo general, el dictamen fue avalado con 334 votos a favor, 116 en contra y una abstención. Por su parte, en la votación en lo particular, el único cambió se registró en la cifra de votos en contra, los cuales se contabilizaron en 109.
Cabe destacar que durante la discusión en lo particular, legisladores de Morena, PAN, PT, PRI y MC presentaron reservas para modificar la denominación del proyecto de decreto, sus artículos 82, 116 y 122, así como a diversos artículos transitorios; sin embargo, al final la totalidad de las propuestas fueron desechadas.
Más allá de lo anterior, tras concluir la discusión, la minuta fue turnada al Senado de la República, quien continuará con el trámite legislativo de la propuesta presentada por Sheinbaum.
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El debate sobre la reforma se prolongó durante varias horas, con una marcada división entre las fuerzas políticas que se ha repetido de manera recurrente a lo largo de la LXVI Legislatura: mientras Morena, PVEM y PT respaldaron la propuesta, las bancadas del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano (MC) se mantuvieron en contra.
En ese sentido, el bloque oficialista defendió que la iniciativa no vulnera los derechos de la comunidad migrante ni afecta a la población con doble nacionalidad en general, sino que aporta claridad sobre los requisitos de soberanía, autonomía y seguridad nacional para quienes aspiren a gobernar el país o las entidades federativas.
Al respecto, ejemplificaron sobre que este tipo de cargos suele manejar seguridad, Fuerzas Armadas y decisiones estratégicas, por lo que deben mantener un vínculo con México, sin obligaciones al extranjero. Igual, defendieron que el dictamen reduce la ambigüedad que actualmente permanece en la Constitución sobre este tema y, además, no impide la aspiración política de la ciudadanía, sino que las somete a una responsabilidad pública.
Del otro lado, la oposición coincidió en que la propuesta presentada por Sheinbaum es regresiva, discriminatoria y atenta contra los derechos humanos y políticos establecidos en la Carta Magna.
Según expusieron, la reforma afecta a más de 21 millones de mexicanas y mexicanos con doble nacionalidad y a la comunidad migrante, al condicionar su derecho constitucional a ser votados y exigirles la renuncia a una parte de su identidad e historia familiar.
Asimismo, legisladoras y legisladores opositores coincidieron en que la iniciativa creaba "ciudadanos de primera y de segunda", al proyectar un prejuicio contra quienes poseen una segunda nacionalidad.
En esa línea, subrayaron que la soberanía nacional no se protege con una reforma de este tipo, sino mediante el combate a la inseguridad, la contención del crimen organizado, la reducción de la dependencia energética y la atención de las carencias del país.
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El proyecto presentado por la presidenta Sheinbaum reforma y adiciona los artículos 82, 116 y 122 de la Constitución Política, en los cuales establece, dentro de los requisitos para ocupar la Presidencia de la República, una gubernatura o la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, el no tener ni adquirir otra nacionalidad y, en caso de poseerla, renunciar a ella formalmente antes de solicitar el registro de la candidatura en los términos que fije la ley.
De igual manera, el texto determina que quien ejerza la titularidad del Ejecutivo federal o de una gubernatura no podrá adquirir ni solicitar otra nacionalidad, ni invocar ante autoridades extranjeras una nacionalidad distinta a la mexicana.
Asimismo, queda prohibido el uso de pasaporte o documento de identidad expedido por un país extranjero, el ejercicio de los derechos políticos inherentes a la ciudadanía ante otro país y el acogerse a su protección diplomática.
En caso de incumplir estas disposiciones, se sancionará conforme a lo establecido en el Título Cuarto de la Constitución federal o en las constituciones locales y de la Ciudad de México.
Aunque el documento señala que el decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, sus disposiciones no aplicarán para los elecciones de 2027, sino que serán vigentes a partir del proceso electoral de 2028.
Según se justificó, la propuesta aprobada por la Comisión de Puntos Constitucionales busca corregir un vacío en el artículo 32 de la Carta Magna. Aunque la Constitución ya exige que ciertos cargos sean para mexicanos por nacimiento, la norma no aclaraba qué pasa con quienes tienen una segunda nacionalidad desde que nacen.
Además, el trámite que se hace en México para renunciar a otra nacionalidad no garantiza que el otro país deje de reconocer a la persona como su ciudadano, por lo que ahora se exigirá comprobar que ese lazo legal con el extranjero se cortó por completo antes de registrar la candidatura.
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