Aunque la legislación mexicana reconoce los derechos de las personas con discapacidad y a la Lengua de Señas Mexicana (LSM) como lengua nacional, la falta de comunicación accesible todavía puede dificultar el acceso a servicios, educación, empleo, salud y trámites.
Una consulta médica, una entrevista de trabajo o un trámite pueden convertirse en un obstáculo cuando la comunicación no está diseñada para todas las personas. Para las personas sordas signantes en México, la falta de accesibilidad puede limitar su participación en distintos espacios de la vida cotidiana.
La legislación mexicana reconoce que las personas con discapacidad pueden enfrentar desventajas cuando existen barreras en el entorno.
La Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad establece medidas relacionadas con la comunicación, la accesibilidad, la educación, el trabajo, la salud, la justicia y el acceso a la información. También reconoce a la Lengua de Señas Mexicana (LSM) como una lengua nacional.
Sin embargo, que un derecho esté establecido en la ley no significa que todas las personas puedan ejercerlo en las mismas condiciones.
Te puede interesar:
Los trámites son uno de los ejemplos de estas dificultades.
La ENADIS 2022, elaborada por el INEGI, el CONAPRED y la CNDH, encontró que 32.4% de las personas de 12 años y más con discapacidad que buscaron información sobre un trámite, servicio o programa de gobierno señalaron que les negaron la información o no se la explicaron.
Además, 21% reportó dificultades para acudir a las oficinas y 7.3% señaló que la información no estaba disponible en un formato accesible, como la Lengua de Señas Mexicana.
Estos datos corresponden a personas con discapacidad en general y no exclusivamente a personas sordas, por lo que sirven para dimensionar algunas de las barreras de accesibilidad, pero no permiten atribuir esos porcentajes específicamente a la población sorda.
Te puede interesar:
En las escuelas, la inclusión requiere más que permitir el ingreso de un estudiante.
La legislación contempla que las autoridades educativas faciliten el aprendizaje de la Lengua de Señas Mexicana y el español para las personas sordas, además de garantizar medios de comunicación adecuados para favorecer su desarrollo académico.
En el ámbito laboral, la ley prohíbe la discriminación por discapacidad durante los procesos de selección, contratación, remuneración, capacitación y promoción, y establece medidas para impulsar condiciones de trabajo accesibles.
Una consulta médica también puede complicarse cuando el paciente y el personal sanitario no cuentan con medios de comunicación accesibles.
La falta de interpretación en Lengua de Señas Mexicana, de información accesible o de personal capacitado puede dificultar que una persona reciba y comprenda información relacionada con su atención médica y ejerza plenamente sus derechos como paciente.
Por ello, la accesibilidad comunicativa en los servicios de salud requiere medidas específicas que permitan una comunicación adecuada entre pacientes y profesionales.
Te puede interesar:
La presencia de intérpretes de Lengua de Señas Mexicana, información accesible y personal capacitado puede contribuir a reducir algunas de estas barreras.
La Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad contempla medidas de accesibilidad y la participación de intérpretes en ámbitos como la educación y la justicia, además de otras disposiciones relacionadas con los servicios públicos.
El reto, por tanto, no se limita a aprender algunas señas. Implica garantizar que una persona con esta discapacidad pueda informarse, estudiar, trabajar, recibir atención médica y realizar trámites sin que la falta de accesibilidad comunicativa se convierta en una barrera para ejercer sus derechos.
