Las activistas señalaron que la iniciativa tiene más de 2 años de haber sido presentada.
La abogada y activista Liliana Azuara, acompañada del colectivo "mujeres 360”, compareció este martes ante el Congreso del Estado de Nuevo León para solicitar la aprobación en segunda vuelta de la iniciativa que busca crear un registro de deudores alimentarios en la entidad.
La propuesta fue presentada originalmente en 2022 y deriva de una reforma nacional de 2019, la cual estableció que las 32 entidades federativas debían implementar dicho registro en un plazo de 300 días hábiles.
En este sentido, en Nuevo León se amplió el periodo a 420 días, sin embargo, hasta el momento no se ha cumplido con su implementación.
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Durante la comparecencia, las activistas subrayaron la importancia de que quienes incumplen con sus obligaciones alimentarias enfrenten consecuencias legales y administrativas.
Entre las sanciones planteadas está el impedimento para ocupar cargos de elección popular, tramitar un pasaporte o una licencia de conducir.
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Por su parte, Claudia Lozano, presidenta del colectivo Mujeres 360, recalcó que la sociedad civil también tiene derecho a impulsar cambios legales sin necesidad de ocupar un curul en el Congreso.
Ante esto, hizo un llamado a los diputados locales respetar las iniciativas de la sociedad civil, lo anterior debido a que a pesar de que algunos legisladores han presentado propuestas similares, lo justo es dar salida a lo que surgió desde la ciudadanía.
Finalmente, las colectivas coincidieron en que el registro de deudores alimentarios es una herramienta indispensable para garantizar los derechos de niñas, niños y adolescentes, así como para combatir la impunidad en casos de violencia económica y abandono de obligaciones familiares.
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