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El diputado localJavier Caballero Gaona impulsó una reforma que otorga certidumbre jurídica al régimen laboral de los empleados de agua y drenaje.
Esta iniciativa, que fue aprobada con 28 votos a favor, tiene como objetivo principal proteger a los trabajadores experimentados que operan las plantas, mantienen la red y hacen posible que el suministro llegue a los hogares de Nuevo León todos los días.
Durante décadas, los trabajadores se han regido por el apartado A del artículo 123 de la Ley Federal del Trabajo y un contrato colectivo vigente, pero esta condición no estaba escrita de forma expresa en la ley del organismo.
Esta dispersión legal abría un espacio a la interpretación, por lo que la reforma busca cerrar ese vacío antes de que pueda ser aprovechado en perjuicio de las familias que dependen de estos empleos.
¿Qué beneficios y derechos protege esta iniciativa?
La medida actúa para evitar que una interpretación administrativa ponga en riesgo el contrato colectivo, las prestaciones, las jubilaciones y la estabilidad laboral del personal.
Proteger a los trabajadores que reparan fugas de madrugada equivale a asegurar el agua en cada casa, estableciendo firmemente que los derechos laborales no se negocian ni se cambian mediante un simple oficio.
¿Cuál es el costo e impacto real para el erario público?
La iniciativa es precisa en su alcance estructural, ya que se diseñó para que no cree nuevas plazas de trabajo dentro del organismo.
De igual manera, esta modificación legal no le cuesta un solo peso al erario público, enfocándose exclusivamente en formalizar la certeza jurídica.
¿Quién tiene la competencia legal para definir este régimen?
El diputado aclaró que no se trata de un asunto de sentimientos, ni de una votación en contra del gobierno o a favor de un partido en particular, sino de un tema de estricta competencia legislativa.
La Constitución Federal, en su artículo 116 fracción sexta, y la Suprema Corte de Justicia establecen claramente que el régimen laboral de los trabajadores de un estado debe ser definido por el Congreso y las legislaturas locales, no por oficios administrativos.