Diputada de Acción Nacional, Claudia Caballero, propone reformar el Código Penal de NL para sancionar la cohabitación forzada de menores.
La diputada de Acción Nacional, Claudia Caballero Chávez, presentó una iniciativa de reforma al Código Penal del Estado de Nuevo León que busca sancionar con penas de ocho a quince años de prisión a quien cometa el delito de cohabitación forzada de menores de 18 años.
La propuesta busca homologar la legislación estatal con la federal y fortalecer la protección de niñas y adolescentes frente a esta práctica.
La iniciativa plantea adicionar el Capítulo V “De la cohabitación forzada de menores” al Título Quinto “Delitos contra la moral” del Código Penal local.
Estableciendo penas de prisión y multas para quienes obliguen, coaccionen, induzcan o gestionen la convivencia forzada de menores con adultos o personas de su misma edad, de manera equiparable a un matrimonio, con o sin consentimiento de la víctima.
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Según la propuesta, el delito se configura cuando una persona obliga a menores de 18 años o a quienes no tienen capacidad de comprensión o resistencia a convivir de forma constante con alguien, como si fuera un matrimonio. Las penas incluyen:
Claudia Caballero explicó que, a pesar de instrumentos internacionales y constituciones, persisten prácticas que vulneran la infancia, como los matrimonios infantiles. Según UNICEF, estos se definen como “todo matrimonio formal o unión informal entre un niño menor de 18 años y un adulto u otro niño”, afectando la vida y bienestar de las niñas.
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Aunque la frecuencia ha disminuido, el matrimonio infantil sigue presente. Hace diez años, 1 de cada 4 niñas se casaba siendo menor; actualmente, la cifra es de 1 de cada 5.
La legisladora destacó que la práctica está vinculada a la pobreza, falta de oportunidades y costumbres locales, lo que evidencia la necesidad de reformas legales para proteger a las niñas y adolescentes.
La propuesta busca fortalecer la prevención y sanción de la cohabitación forzada, asegurando que el Estado de Nuevo León cuente con herramientas legales para garantizar la protección de menores frente a estas situaciones.
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