La falta de pensión alimenticia afecta a la niñez a su acceso a derechos básicos como la alimentación, la educación, la salud y una vida digna.
El incumplimiento en el pago de la pensión alimenticia no solo representa una falta legal, sino que cada vez más es reconocido como una forma de violencia económica que impacta directamente en el bienestar de niñas, niños y adolescentes.
Bajo este enfoque, diversas propuestas legislativas buscan clasificar esta omisión como un tipo de violencia, con el objetivo de fortalecer la protección de los menores y endurecer las sanciones contra quienes evaden esta responsabilidad.
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Especialistas en derechos humanos y organizaciones civiles coinciden en que negar o retrasar la pensión alimenticia limita el acceso de los menores a derechos básicos como la alimentación, la educación, la salud y una vida digna.
En la práctica, esta carga económica suele recaer casi por completo en madres, abuelas u otros tutores, quienes deben compensar la falta de recursos con dobles jornadas laborales o endeudamiento.
La falta de ingresos estables afecta el desarrollo emocional y físico de los menores, además de exponerlos a contextos de mayor vulnerabilidad. Por ello, se ha señalado que esta conducta no puede seguir tratándose únicamente como un conflicto entre adultos, sino como una agresión directa a los derechos de la infancia.
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Las iniciativas para reconocer el incumplimiento como violencia económica buscan, entre otras cosas, agilizar los procesos judiciales, evitar maniobras legales para evadir pagos y establecer sanciones más severas, que van desde multas hasta restricciones administrativas para los deudores.
También se plantea reforzar los mecanismos de seguimiento para garantizar que las pensiones se cumplan de manera puntual y continua.
En Nuevo León, donde los casos por incumplimiento de pensión alimenticia han ido en aumento, el debate cobra especial relevancia.
Ante esto, el nombrar el problema como violencia económica, permite visibilizar su impacto real y enviar un mensaje claro: incumplir con la pensión no es una falta menor, sino una violación a los derechos de niñas, niños y adolescentes que debe ser sancionada con firmeza.
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