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La tarde del viernes 18 de marzo de 2011, el municipio de Allende, Coahuila, ubicado a unos 60 kilómetros de la frontera con Estados Unidos, se convirtió en el escenario de una de las masacres más violentas en la historia reciente de México.
Entre las 6:30 y 7:00 p.m., al menos 60 sicarios del Cártel de Los Zetas irrumpieron violentamente en el rancho de la familia Garza, derribando el portón principal con una camioneta e iniciando dos días de terror.
¿Cuántas víctimas dejó la masacre de Allende?
Durante las siguientes 48 horas desaparecieron al menos 42 personas, aunque diversas versiones señalan que pudieron haber sido más de 300 víctimas.
El estudio “En el Desamparo” documenta que, aunque el expediente oficial solo incluye a 42 desaparecidos entre enero de 2011 y agosto de 2012, los testimonios de los habitantes apuntan a una tragedia mucho mayor.
De acuerdo con las investigaciones, los exlíderes de Los Zetas, Miguel Ángel Treviño Morales “Z-40” y Omar Treviño Morales “Z-42”, ordenaron el ataque tras sospechar que dos de sus colaboradores habían traicionado al cártel y entregado información a autoridades estadounidenses.
El supuesto traidor principal era Alfonso “Poncho” Cuéllar, quien trabajaba con Héctor “El Negro” Moreno y Luis “La Güiche” Garza, residente de Allende.
Para “castigar la deslealtad”, los Zetas tomaron el pueblo entero, desaparecieron a 26 personas (20 familiares de Garza, tres amigos de Cuéllar y dos empleados de Moreno) y destruyeron 32 casas y dos ranchos: “Los Garza” y “Los Tres Hermanos”.
Los reportes oficiales y testimonios indican una colusión directa con las autoridades municipales, ya que los 20 agentes de policía de Allende fueron instruidos para no patrullar, no responder a llamados de auxilio y detener a cualquier persona con el apellido Garza.
Durante los ataques, hombres, mujeres y niños fueron capturados y trasladados en patrullas hacia los ranchos donde fueron retenidos antes de ser ejecutados.
El domingo 20 de marzo, los sicarios saquearon viviendas, incendiaron casas y trasladaron a las víctimas a ranchos utilizados como centros de exterminio.
Dos de los principales implicados están detenidos en Estados Unidos y se encuentran como testigos protegidos, lo que ha dificultado las extradiciones e investigaciones.