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Nuevo León

Poder Judicial de Nuevo León: así operará el Registro Estatal de Deudores Alimentarios

El Poder Judicial de Nuevo León y DIF del Estado refuerzan el Registro de Deudores Alimentarios para garantizar el sustento de la niñez.

La magistrada presidenta Laura Perla Córdova Rodríguez, durante una reunión con personal del DIF Nuevo León para analizar la plataforma Registro Estatal de Deudores Alimentarios. Foto: Facebook Poder Judicial del Estado de Nuevo León
La magistrada presidenta Laura Perla Córdova Rodríguez, durante una reunión con personal del DIF Nuevo León para analizar la plataforma Registro Estatal de Deudores Alimentarios. Foto: Facebook Poder Judicial del Estado de Nuevo León

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En un paso decisivo para la protección de los derechos de la infancia en la entidad, el Poder Judicial del Estado de Nuevo León sostuvo una reunión de alto nivel para consolidar la operatividad del Registro Estatal de Deudores Alimentarios.

El encuentro, encabezado por la magistrada presidenta Laura Perla Córdova Rodríguez, junto con la magistrada Neyda Nataly Oviedo Guevara y la directora del DIF, Gloria Ivette Bazán Villarreal, reafirma el compromiso de las instituciones por erradicar el incumplimiento de las obligaciones de crianza, un tema de vital importancia para la estabilidad social y económica de las familias nuevoleonesas.

¿Qué es el Registro Estatal de Deudores Alimentarios y cómo funciona?

El Registro Estatal de Deudores Alimentarios es una plataforma institucional diseñada para concentrar la información de todas aquellas personas que cuenten con una sentencia firme por el incumplimiento de sus obligaciones de pensión alimenticia.

Este sistema no solo sirve como un archivo de control, sino como una herramienta de transparencia que permite a las autoridades dar seguimiento puntual a los casos donde el sustento de los menores se ha visto comprometido, asegurando que el mandato judicial se traduzca en hechos tangibles.

¿Cuál es el objetivo principal de esta plataforma en Nuevo León?

La creación de este registro tiene como meta fundamental garantizar el cumplimiento de las responsabilidades parentales.

Al registrar a quienes omiten el pago de la pensión, se protege el derecho superior de la niñez al acceso a alimentos, educación y salud.

Además, busca promover una cultura de responsabilidad compartida, enviando un mensaje claro: el sustento de los hijos es una prioridad constitucional e internacional que no admite evasiones en el estado de Nuevo León.

¿Cómo ayuda esta herramienta a proteger los derechos de los menores?

La existencia del registro permite un monitoreo efectivo que antes era difícil de ejecutar. Al estar integrados en este sistema, los deudores enfrentan mecanismos que aseguran el pago de las pensiones de manera más ágil.

Esto mejora directamente la calidad de vida de las infancias afectadas, reduciendo la vulnerabilidad económica de los hogares y garantizando que las necesidades básicas de los menores sean cubiertas bajo el amparo de la ley, respaldada por la Tercera Sala Familiar del Poder Judicial.

¿Qué otros estados de México ya cuentan con registros similares?

Nuevo León se suma a una tendencia nacional donde diversos estados del país ya han implementado exitosamente el Registro Estatal de Personas Deudoras Alimentarias. Estas entidades han demostrado que la herramienta es clave para mejorar la recaudación de pensiones alimenticias.

La experiencia en otras regiones confirma que el control institucional y la visibilidad de los deudores son inhibidores eficaces contra el abandono financiero de las familias, posicionando a México como un país que avanza en marcos normativos de avanzada.

¿Qué leyes respaldan la obligación alimenticia de los padres?

La obligación de proporcionar alimentos no es opcional; está firmemente respaldada por marcos normativos nacionales, como el Código Civil y la Constitución Política, así como por tratados internacionales suscritos por México.

La magistrada presidenta Laura Perla Córdova subrayó que estas reuniones de trabajo con el DIF Nuevo León son esenciales para que la ley no se quede en el papel, sino que se convierta en una garantía real para que ningún niño o niña en el estado carezca de lo necesario para su pleno desarrollo.


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