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El también Presidente de la Comisión de Justicia destacó que elementos de Seguridad Pública de Santiago le informaron que por desempeñar actividades catalogadas como de “alto riesgo”, enfrentan mayores obstáculos para acceder a un financiamiento bancario.
¿Qué refirió sobre la iniciativa durante su intervención el diputado por el PRI?
De acuerdo a Caballero, para acceder a créditos bancarios los integrantes de la policía y de agentes de tránsito tienen muchas complicaciones porque su nivel de riesgo, simplemente por pertenecer a las corporaciones, los bancos las desechan.
Por tal motivo, presentó una modificación de la Ley de Instituciones de Crédito, que es una ley federal, para que no se discrimine a quienes acceden, o a quienes solicitan un crédito por los temas del riesgo que conlleva su función y que el otorgamiento de créditos bancarios se realice con criterios de evaluación a fin de que se evite la exclusión financiera.
La iniciativa que reforma el artículo 65 de la Ley de Instituciones de Crédito, fue presentada ante la Oficialía de Partes del Poder Legislativo, forma parte de la agenda de los temas en torno a la seguridad de parte del grupo parlamentario del PRI.
¿Qué es lo que se busca con esta iniciativa de reforma?
Caballero Gaona detalló que se busca que las instituciones de crédito realicen un análisis individual, objetivo y no discriminatorio y que el nivel de riesgo de la actividad laboral de los policías agentes de tránsito, bomberos y personal de seguridad, no sea, un criterio determinante para negar o limitar el acceso al financiamiento.
¿Qué permitiría el que se garantice un fácil acceso a un crédito por parte de elementos de seguridad?
El legislador priista menciono que, además lo anterior es una buena manera de encontrar mecanismos para que más gente quiera ser policía, para que más gente quiera ser agente de tránsito y que puedan tener acceso a estos créditos que hoy prácticamente se ven totalmente bloqueados por su origen.
En este contexto, Caballero reafirmó su compromiso con la construcción de un marco jurídico que fortalezca la inclusión financiera y proteja los derechos de las personas trabajadoras, particularmente de aquellas que desempeñan funciones de alto riesgo.