Buscan garantizar que personas con discapacidad y de comunidades indígenas tengan acceso real a una defensa digna y gratuita.
Con el objetivo de que la justicia deje de ser un privilegio y se convierta en un derecho verdaderamente accesible para todos, el diputado local de Morena, Jesús Elizondo, presentó una iniciativa de reforma a la Ley de Defensoría Pública del Estado de Nuevo León para que el instituto sea incluyente por ley.
La propuesta busca que se establezca de manera obligatoria la incorporación de intérpretes de lenguaje de señas y de lenguas indígenas dentro del Instituto de Defensoría Pública, a fin de garantizar que personas con discapacidad auditiva y miembros de comunidades originarias puedan acceder a una defensa adecuada.
El legislador señaló que, en la práctica, muchas personas no pueden pagar un abogado y terminan quedándose sin una defensa digna, lo que limita su acceso a la justicia.
Durante muchos años en México la justicia se convirtió en un privilegio, en un lujo al que solo unos cuantos podían acceder.
Jesús Elizondo - Diputado local de Morena
Aunque actualmente el instituto cuenta con algunos intérpretes, explicó que esto no está establecido en la ley, sino que depende de la voluntad y disponibilidad de recursos. Por ello, la intención es que quede garantizado jurídicamente, sin importar qué partido gobierne en el futuro.
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Elizondo señaló que personas en situación de vulnerabilidad, ya sea por discapacidad o por pertenecer a una comunidad indígena , muchas veces no reciben la atención adecuada dentro del sistema.
Es en este sentido, que el diputado expresó que dentro de su labor como legislador, comentó que brinda asesoría jurídica gratuita y ha sido testigo de casos en los que ciudadanos son canalizados a la Defensoría Pública, pero no siempre reciben el servicio que necesitan.
Es muy lamentable que a veces los mandas al instituto y no les hacen caso o no terminan teniendo el servicio adecuado para que se les haga justicia.
Jesús Elizondo - Diputado local de Morena
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El diputado explicó que existen antecedentes en otros estados donde, a través de amparos, se ha logrado el acceso a intérpretes; sin embargo, su propuesta busca prevenir que las personas tengan que recurrir a procesos legales adicionales para ejercer un derecho básico.
Asimismo, la iniciativa también implicaría que en el presupuesto se contemplen los recursos necesarios para hacer efectiva esta inclusión.
Con esta reforma, se busca que todas y todos los ciudadanos que no cuenten con recursos económicos puedan tener acceso a un abogado o abogada proporcionado por el Estado, con las herramientas necesarias para garantizar una defensa adecuada.
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