Astrid "N" presunta administradora en el caso "Tía Paty" enfrenta el proceso penal sin defensa legal tras la renuncia de sus abogados.
La defensa legal de Astrid N, implicada en el caso conocido como “Tía Paty” , quedó acéfala tras la renuncia pública de sus representantes jurídicos, quienes argumentaron una serie de factores que, a su consideración, imposibilitan continuar con el proceso bajo condiciones adecuadas.
Sin revelar detalles sensibles, los litigantes expusieron motivos que combinan diferencias internas, limitaciones económicas y señalamientos sobre el desarrollo del procedimiento penal.
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En rueda de prensa, los abogados que representaban a la imputada informaron su decisión de separarse del caso. Indicaron que existieron desacuerdos con la familia de su clienta respecto a la estrategia jurídica, lo que derivó en una ruptura en la conducción del caso.
A ello se sumaron, señalaron, presuntas irregularidades en el proceso penal que, desde su perspectiva, afectan el desarrollo de una defensa adecuada. Bajo este escenario, optaron por notificar formalmente a las autoridades su salida, con el fin de que la representación legal continúe con nuevos abogados.
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Uno de los elementos clave en la renuncia fue la falta de recursos para sostener la defensa. De acuerdo con lo expuesto, la familia de la imputada no habría cubierto los pagos necesarios para continuar con la representación, incluyendo la contratación de peritos especializados.
Los abogados subrayaron que estos peritajes eran fundamentales antes de la audiencia de vinculación a proceso, ya que permitirían contrastar las investigaciones realizadas por la autoridad. La ausencia de estos recursos limitó, según explicaron, la posibilidad de construir una defensa sólida .
Entre los mencionados se encuentran:
La defensa saliente también hizo referencia a posibles fallas en el debido proceso. Señalaron que no se contó con el tiempo suficiente para realizar investigaciones independientes que equilibraran la carga probatoria frente a la Fiscalía.
Asimismo, indicaron que la imputada fue vinculada a proceso sin solicitar la ampliación del término constitucional de 144 horas, lo que, desde su óptica, redujo las oportunidades de preparar una defensa más robusta.
También cuestionaron que únicamente se consideraran las técnicas de investigación de la autoridad, sin incorporar análisis externos, lo que afirmaron genera una desventaja procesal.
Astrid N, de 33 años, fue vinculada a proceso por el delito de extorsión, tras ser detenida en marzo de 2026 junto con otro implicado . La investigación está relacionada con la presunta operación de una cuenta en redes sociales utilizada para cometer dicho delito.
Actualmente, la imputada enfrenta el proceso sin el equipo legal que inicialmente llevaba su defensa, mientras se espera la designación de nuevos representantes jurídicos que den continuidad al caso.
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