El TEPJF ordena al Congreso de Nuevo León garantizar la paridad de género y la alternancia en las candidaturas para la gubernatura.
En un paso decisivo hacia la consolidación de la igualdad política en el norte del país, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) emitió una resolución contundente dirigida al Poder Legislativo de Nuevo León.
El máximo órgano jurisdiccional en materia electoral del país ha determinado que el Congreso local tiene la obligación ineludible de garantizar la paridad de género en la postulación de candidaturas para la gubernatura de Nuevo León.
Esta resolución, que deriva de la revisión del expediente SUP-RAP-116/2020 y sus acumulados, forma parte de un esfuerzo nacional por vigilar que los congresos de todas las entidades federativas adecuen sus marcos normativos. El objetivo principal es asegurar condiciones de estricta igualdad entre mujeres y hombres en el acceso a los poderes ejecutivos locales.
Tras analizar las modificaciones previas, la Sala Superior reconoció que el Poder Legislativo estatal ha realizado acciones concretas y ha impulsado reformas constitucionales y electorales orientadas a asegurar la alternancia de género.
Debido a estos avances normativos que obligan a partidos políticos, coaliciones y candidaturas comunes a respetar dicho principio, el TEPJF determinó considerar al Congreso de Nuevo León en "vías de cumplimiento".
Sin embargo, el Tribunal advirtió de manera explícita que la sentencia no se considerará totalmente acatada ni concluida hasta que la regulación quede firmemente consolidada y la paridad en la titularidad del Poder Ejecutivo estatal sea una garantía absoluta e irreversible en las leyes locales.
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Un punto relevante dentro de la discusión jurídica giró en torno a las diferencias y tensiones existentes entre el Congreso local y el Poder Ejecutivo estatal, particularmente respecto a los retrasos u obstáculos en el proceso de publicación de las reformas aprobadas.
Al respecto, la Sala Superior del TEPJF fue muy clara al delimitar las competencias: el Tribunal señaló que dichas discrepancias pertenecen de forma exclusiva al ámbito interno del procedimiento legislativo local.
Por lo tanto, estas pugnas políticas no forman parte de la materia de análisis dentro del incidente de cumplimiento de la sentencia ni sirven como atenuante para detener el proceso.
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El documento de la Sala Superior vincula formalmente y de nueva cuenta al Congreso de Nuevo León para que, haciendo uso de su libertad configurativa y sus atribuciones constitucionales, emprenda y continúe con todas las medidas parlamentarias necesarias hasta concretar la reforma integral.
Una vez que el ordenamiento legal quede formalizado y blindado para las futuras contiendas electorales, el Poder Legislativo tendrá la obligación estricta de informar detalladamente al Tribunal sobre su cumplimiento efectivo.
Con este fallo, las autoridades electorales reafirman el principio de "paridad en todo", impulsando la participación igualitaria de las mujeres en las decisiones más altas de la vida política nacional.
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