La detención del alcalde de Juchitán reaviva las dudas sobre la seguridad, la extorsión y los presuntos vínculos entre autoridades y grupos criminales.
Para nadie es una novedad que en México tenemos miedo, miedo a que nos asalten, a que nos secuestren, a que nos extorsionen, a que nos maten. Pero hay un miedo peor, descubrir que quien debería protegerte trabaja con los criminales. Eso es lo que hoy sacude a Juchitán, Oaxaca. Su alcalde, Miguel Sánchez Altamirano, emanado de Morena, fue detenido acusado de extorsión, una grabada y delitos contra la seguridad del Estado. Las autoridades lo vinculan con una organización criminal dedicada, entre otras cosas, al cobro de piso.
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La investigación se tiene que desde la propia estructura municipal se habría protegido a delincuentes e incluso utilizado información de cámaras de seguridad para alertarlos de operativos. El ciudadano denuncia al criminal, pero ¿qué pasa si la autoridad a la que denuncia está del otro lado? Y lo peor es que la violencia y la extorsión en Juchitán llevan tiempo siendo denunciadas.
Por eso ahora no basta con que el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, diga que nadie está por encima de la ley y que protegerán a la población. No es cierto.
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¿Dónde estuvo el gobernador todos estos meses? Porque en México no solo tenemos que sobrevivir ya a los criminales, también tenemos que exigir que quienes gobiernan y deberían protegernos, pues no terminen trabajando para ellos y en todo caso que sean castigados y que las denuncias de los ciudadanos no sean indiferentes a las autoridades que en teoría deberían protegernos.
