La peligrosa prepotencia del poder político
Noroña se victimiza tras la agresión de "Alito" Moreno, pero su historial lo exhibe como agresor: atacó a Azucena Uresti.
Gerardo Fernández Noroña se pinta ahora como una víctima cuando durante su carrera política él ha sido un violentador. El debate sobre la moralidad del presidente del Senado ganó tracción por el ataque que sufrió a manos del dirigente del PRI, Alejandro “Alito” Moreno. Como dejé claro en mi intervención de esta semana en la mesa del periodista Pedro Gamboa en Milenio, estos actos de violencia me parecen deleznables, sin importar que vayan dirigidos contra alguien tan cuestionado como lo es Noroña.
Uno de los últimos enfrentamientos públicos que tuvo el morenista fue contra la periodista y colaboradora de POSTA Azucena Uresti. Él comenzó a atacarla porque ella se atrevió a informar que Noroña estaba pagando una casa de 12 millones de pesos en Tepoztlán.
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Una adquisición “fifí” de parte del senador. En respuesta, el morenista la acusó de vivir en un departamento de lujo de 13 millones de pesos. Y si sí, ¿qué? Para cualquier persona interesada en la política mexicana es evidente que Azucena Uresti es una de las periodistas más influyentes del país. Que ella pudiera comprarse un lujoso departamento resultaría meramente lógico.
A diferencia de Noroña, Azucena no es una funcionaria pública, y mientras siga la ley, lo que ella decida comprar, no debería estar a discusión. La periodista negó la acusación, a lo que Noroña respondió compartiendo una fotografía de ella en un gimnasio, supuestamente dentro de un área común del departamento en cuestión.
Este jueves 28, Uresti cuestionó si el senador la espía o si tiene acceso a sus datos privados, lo que sería un delito.
La saña de Noroña contra Azucena no es sorpresiva. Estamos hablando del mismo sujeto que fue declarado culpable de ejercer violencia política en razón de género contra la panista Adriana Dávila, a quien el 4 de octubre de 2019 le dijo que era “más bocona que la chingada” y que había que “ponerle una chinga la próxima vez que abra la boca”. Esta amenaza lo evidencia como un macho desmedido. Tampoco se nos debe olvidar cuando el político decidió humillar a un ciudadano que lo confrontó en un aeropuerto. El hombre terminó pidiéndole disculpas públicas en el Senado, enfrente de las cámaras, para así detener el proceso legal en su contra.
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Otro suceso reciente: la intimidación que ejerció contra la oposición previo al ataque de “Alito”. Hablando sobre las posturas injerencistas, Noroña gritó: “¡Eso que dicen es traición a la patria! ¡Traición a la patria y si viviéramos en el siglo XIX serían pasados por las armas en el cerro de las campanas!”. Después de plantear el fusilamiento de la oposición, trató de atenuar diciendo que “hoy respetan hasta a los más canallas”.
La prepotencia de personajes como Noroña pone a la ciudadanía en riesgo. Hay que tener en mente que el próximo 1 de septiembre entrará el nuevo Poder Judicial, que podrá ser usado como una herramienta de persecución. Así lo advierte la organización de defensa de la libertad de expresión Artículo 19. En su reporte “Las leyes como mecanismo de censura”, publicado el 26 de agosto pasado, advierten un “uso faccioso del marco legal mexicano”. Especialmente dicen que “preocupa el uso indebido de la figura de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género” que “se ha convertido en un instrumento para inhibir el debate público, llegando incluso a eliminar publicaciones críticas o incómodas para personas en el poder”.
Sobran ejemplos.
Tenemos el caso del activista Miguel Meza, denunciado por Luis Castañeda, exdirector de la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República y candidato a juez laboral en la Ciudad de México. Como Miguel informó que el excandidato tenía una investigación por homicidio culposo, acumulaba 36 denuncias de acoso sexual, y reprobó el examen de confianza para entrar a trabajar en la Fiscalía General de la República, Castañeda acusó ser víctima de “violencia política contra los hombres”.
Sí, así de absurdo.
Otro ejemplo más es el de el medio “Sin Embargo”. Magda Zulema Mosri Gutiérrez, excandidata a la Suprema Corte acusó al medio de violencia política de género. Todo por informar que en efecto, ella es esposa de su marido, Rafael Macedo de la Concha, un general que fue parte de la “policía política” en los setentas y ochentas, durante la “guerra sucia”. Se le ordenó a “Sin Embargo” bajar el contenido al respecto en 12 horas. En definitiva el caso más mediático de abuso de poder fue el de la diputada del PT, Diana Karina Barreras, alias “Dato Protegido”. Ella persiguió a una ciudadana llamada Karla Estrella porque no le gustó un tuit que publicó, acusándola de nepotismo. Estrella fue sancionada con una multa, fue inscrita al patrón de violentadores, tuvo que completar un curso y ofreció disculpas diariamente durante un mes.
Artículo 19 informó que en los 7 meses que llevamos del 2025 (del 1 de enero al 31 de julio) se registraron 51 casos similares: 39 contra periodistas, y 12 contra medios de comunicación. Esta cifra es un récord que supera al año con más denuncias: 2021 con 40. El nuevo Poder Judicial podría ser instrumentalizado contra gente que incomode.
Eso precisamente planteó la escritora y esposa del expresidente López Obrador, la Dra. Beatriz Gutiérrez Müller. Tras ser acusada de supuestamente planear una mudanza a España (cuestión que ella ya negó), el 18 de agosto pasado, Müller tuiteó: “entrará en funciones el nuevo Poder Judicial y está la opción real de denunciarlos y que se haga justicia”. En otro tuit, la escritora informó que en efecto, consideraba demandar a lxs comunicadores que difundieron esta información. Suena a un plan impulsado por el deseo de venganza, que podría ejecutar de la mano de jueces y juezas a modo.
Me atrevo a decir “a modo” porque me parece absurdo plantear que los acordeones no tuvieron un rol crucial en la elección. Es más que evidente. En la Suprema Corte y en el Tribunal de Disciplina (encargado de sancionar y destituir a juzgadores que actúen incorrectamente), quedaron exactamente los mismos perfiles que había en los panfletos repartidos masivamente. Para peor, la afinidad de la mayoría de estas y estos juristas con la 4T está ampliamente documentada, lo que abona a la posibilidad de una preocupante centralización del poder.
Ojo: la prepotencia de los cada vez más poderosos pone al pueblo en una mayor posición de vulnerabilidad.
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