No a la “verdad histórica”, sí a la “narrativa oficial”

El lunes 17 de marzo la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que “en su gobierno no habrá construcción oscura de verdades históricas, nunca”. Esto lo dijo en su conferencia de prensa matutina entre los crecientes cuestionamientos por el narcorancho encontrado en Teuchitlán, Jalisco. Aunque Sheinbaum planteó que a diferencia de lo que vimos en el caso Ayotzinapa con Enrique Peña Nieto, ella no fabricaría una versión falsa, omitió lo que ya vemos cocinándose: la construcción de una narrativa oficial. Por el momento, identifico cuatro ejes principales:  

La defensa de la Guardia Nacional  

La minimización de los hallazgos  

Desglosaré cada punto. Comencemos con el rol de la Guardia Nacional. Tenemos que recordar que lxs integrantes del colectivo “Guerreros Buscadores de Jalisco” no fueron lxs primeros en encontrar el rancho Izaguirre. De acuerdo a documentos revelados por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), existen registros de que la Guardia ya había encontrado el terreno desde 2019. Entiendo que algunxs lectores escépticos puedan descartar esta versión por la fuente (no me parece correcto, más sí comprensible por los sesgos personales de cada quién). De no querer creerle a MCCI, les presento otra fuente: el propio gobierno.  

El 20 de septiembre de 2024 la Guardia Nacional publicó un boletín de prensa donde documentaron el hallazgo del rancho en Teuchitlán. Este permanece en la página oficial del Gobierno de México. Ahí se documenta que los elementos detuvieron a 10 personas, encontraron a dos víctimas de secuestro y dieron con el cuerpo de una persona sin vida. Además, enlistaron sus hallazgos: 4 fusiles de asalto, 2 armas cortas, 21 cargadores, 1 granada de mano, 10 placas balísticas, 5 chalecos tácticos, y 4 vehículos.

Detallan que el operativo no sólo fue de la Guardia Nacional, sino que lo ejecutaron “en coordinación con integrantes del Ejército Mexicano”. Todos estos detalles son de suma relevancia, porque ejemplifican una de dos cosas: o la Guardia Nacional (y los elementos del Ejército involucrados) fueron incompetentes, o estaban coludidos. Llego a esta conclusión porque en el boletín de prensa se documentan crímenes del fuero federal, que por lo tanto debieron ser reportados a la Fiscalía General de la República. Según Alejandro Gertz Manero, Fiscal General, esto no ocurrió.  

Aquí vale la pena hacer un breve paréntesis para explicar un poquito de contexto legaloide. Los crímenes son investigados por distintas autoridades dependiendo de si fueron del “fuero común”, o del “fuero federal”. El fuero común contempla crímenes como el robo. El federal abarca aquellos como la posesión de armas exclusivas del ejército y el crimen organizado, mismos que fueron detectados en el rancho Izaguirre desde septiembre de 2024. ¿Por qué entonces no los reportó la Guardia Nacional? En conferencia de prensa el 19 de marzo, Gertz trató de defender el actuar de las fuerzas armadas sin una justificación válida.

Explicó que no lo reportaron a la FGR porque estaban haciendo “funciones de policía preventiva”. Eso es irrelevante. El hecho es que por mero protocolo, desde hace 6 meses el tema debió llegar al escritorio de Gertz, y el gobierno sigue sin explicarnos por qué no fue así. Les es más sencillo tratar de eximir de culpas a las fuerzas armadas para aventarle toda la responsabilidad a la Fiscalía de Jalisco. No por nada el Fiscal General dedicó la mayor parte de su informe a enlistar la serie de omisiones de las autoridades jaliscienses.  

Vayamos al segundo punto en la construcción de la “narrativa oficial”: minimizar lo encontrado. En su conferencia de prensa, Gertz sostuvo que no podían confirmar ni descartar que el rancho Izaguirre fuera un campo de exterminio o reclutamiento. Resulta extraño cuando desde el comunicado del 20 de septiembre de 2024, la Guardia Nacional describió el sitio como un “centro de adiestramiento”. Además, han desbordado distintas versiones que han generado confusión. Tras una primera inspección, la Comisión Nacional de Búsqueda y la Secretaría de Gobernación concluyeron que no había “hornos crematorios”.

La declaración sirve para deslegitimar los hallazgos de las familias buscadoras, que en realidad, nunca dijeron que hubiera estructuras formales de cremación. Lo que sí dijeron es que había sitios en el suelo donde posiblemente habrían quemado a víctimas. Quizás no son formalmente hornos crematorios, más si posibles sitios donde incineraron a personas, llámenle como le llamen.  

Este jueves 20 de marzo, la presidenta pidió no apresurar a sacar conclusiones. Dijo que todavía había que verse lo que hay en el sitio “y a partir de ahí (hacer) una investigación profunda para saber si hubo homicidios”. Es ridículo que hasta eso quieran dejar en el campo de la especulación. Nuevamente me remitiré al comunicado inicial de la Guardia Nacional. En septiembre de 2024 el gobierno reportó que encontraron a una persona sin vida en el rancho en Teuchitlán. Sobran los testimonios que afirman que hubo asesinatos. Como si fuera poco, el propio Fiscal General, Gertz Manero enfatizó que “sí se encontraron humanos”. ¿Dónde está la duda y cuál es la implicación? ¿Los mataban en otro lado y los quemaban ahí? Claro, suena lógico.  

Otro eje en la construcción de la narrativa oficial ha sido tratar de deslegitimar la teoría de que Teuchitlán podría implicar casos de desaparición forzada. Hay que entender que hay dos tipos de desapariciones reconocidas: la desaparición por parte de particulares, como criminales, y la desaparición forzada, en la que deben estar implicadas fuerzas del Estado. La presidenta Sheinbaum sutilmente ha planteado que esta segunda alternativa no es probable. El lunes 17 de marzo afirmó: “Antes, en el pasado, la desaparición en México era perpetrada por el Estado, ahora está principalmente vinculada con la delincuencia organizada”.

Por su parte, el presidente del Senado, el morenista Gerardo Fernández Noroña emitió una postura más contundente. En un video publicado en la cuenta oficial de la cámara alta dijo que la gente se “confunde” al señalar que este caso podría implicar desapariciones forzadas, que sostuvo “son más graves”, y referenció el caso Ayotzinapa como ejemplo.  

El problema para quienes buscan deslegitimar la posibilidad de que las autoridades podrían haber estado involucradas, es que Gertz Manero ya confirmó que hay evidencia de que la policía de Tala sí participó en las desapariciones. El Fiscal General indicó que “una de las víctimas señaló que los policías de Tala (zona aledaña) lo cooptaron (sic) y lo llevaron al lugar donde se llevó el caso (el rancho Izaguirre)”.

Además, otro sobreviviente informó en entrevista con Azucena Uresti, que él, junto a decenas más fueron reclutados por la exalcaldesa de Chilpancingo, la exmorenista Norma Otilia Hernández. Sí, la misma que tiene un video desayunando con el líder de la banda criminal “Los Ardillos”.  

El último elemento de la narrativa que el gobierno busca imponernos, ha sido plantear que sufren una campaña de desprestigio. La presidenta comenzó a difundir esta teoría desde el lunes 17, y el martes 18 incluso dedicó toda una sección de su conferencia para intentar convencer a la población. Miguel Ángel Elorza Vázquez, el encargado de la sección “Detector de Mentiras” presentó gráficas en las que mostró la supuesta relación entre personas afines a la oposición política, y quienes compartieron los hashtags: “Luto Nacional”, “Narcopresidenta Claudia” y “Narco expresidente AMLO”.

Como “evidencia” adicional expuso a figuras políticas anti-4T que habían hablado sobre Teuchitlán. Elorza Vázquez aseguró que otras personas no identificadas eran “bots” pagados, en los que se habrían invertido 20 millones de pesos en 4 días. Dijo todo esto sin mostrar una sola prueba contundente. Me pregunto, ¿qué hubiéramos pensado si a dos semanas de Ayotzinapa, Peña Nieto hubiera planteado que él era una víctima? ¿Que era él quien sufría una campaña de desprestigio? Me imagino que aquellxs defensores actuales del gobierno, tanto integrantes de la prensa morenista como funcionarixs, se habrían debidamente indignado. Ganaron poder y perdieron congruencia.  

El gobierno encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum parece desesperado por evitar que Teuchitlán se convierta en una crisis social y mediática. Creo que es muy tarde.