Rumbo a la Elección Judicial

Este domingo 1 de junio, viviremos un ejercicio inédito en México.  Por primera vez los ciudadanos hemos sido convocados a participar en la elección de jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial. 

Esta propuesta, promovida por el Poder Ejecutivo federal desde el sexenio anterior, que ha sido respaldada por la mayoría de Morena y sus aliados en el Congreso, forma parte de una ambiciosa reforma que busca cambiar de raíz la forma en que se accede a los cargos en uno de los tres poderes de la República.

La intención declarada es que se busca acercar el Poder Judicial al pueblo, erradicar el nepotismo y la corrupción, y abrir la puerta a una justicia más accesible y representativa. 

Sin embargo, las condiciones en las que se está llevando a cabo este proceso plantean serias dudas sobre su legitimidad, imparcialidad y eficacia real para alcanzar esos fines.

Uno de los elementos más preocupantes es la escasa participación que se espera para este domingo.  A pocos días de la jornada, el interés ciudadano se mantiene bajo, en parte porque hay poca claridad sobre los alcances y consecuencias reales de esta elección, y también porque muchos consideran que la designación de jueces debe mantenerse como un proceso técnico, no político. 

De confirmarse una participación mínima, ¿tendrá legitimidad el resultado? ¿Podrá una reforma judicial sustentarse sobre una base popular tan frágil?

A esto se suma un fenómeno aún más preocupante… La intervención del gobierno en el proceso. Diversas denuncias provenientes de algunos estados apuntan a prácticas de coacción y manipulación del voto. Funcionarios públicos han recibido "acordeones" con listas de candidatos que deben apoyar, bajo presión de sus superiores. También se ha reportado el uso de recursos públicos para movilizar votantes y actos de campaña disfrazados de jornadas de capacitación.

Estas conductas son inaceptables en cualquier proceso democrático, pero resultan especialmente graves cuando se trata del Poder Judicial, cuya legitimidad depende de su independencia. 

La participación de gobiernos y operadores políticos en una consulta que debería fortalecer la autonomía judicial, no sólo contradice los principios de la reforma, sino que los vacía de contenido.

Además, queda la duda sobre la viabilidad técnica de una reforma judicial por voto popular. Si los jueces y magistrados son elegidos con base en popularidad, carisma o apoyo partidista —y no en función de su preparación, experiencia y trayectoria— el sistema judicial podría verse invadido por intereses ajenos al derecho, debilitando su función de contrapeso ante el poder político.

En este contexto, los ciudadanos enfrentamos una decisión compleja, pero crucial. Si se opta por acudir a las urnas, debe hacerse con una conciencia crítica del momento histórico que estamos viviendo. Y si no se participa, aquello terminará siendo una simulación.

No se puede ignorar que este proceso forma parte del “legado” de Andrés Manuel López Obrador, quien hizo todo lo necesario para cambiar la democracia por la autocracia… y modificar la estructura institucional del país durante su sexenio. 

Esta elección, más que un ejercicio de empoderamiento ciudadano, parece ser el acto final de una administración que ha promovido una visión centralista del poder, debilitando órganos autónomos, confrontando a la Suprema Corte y minando el equilibrio de poderes que sustenta cualquier democracia funcional.

La justicia debe reformarse, sin duda. Pero debe hacerse con respeto a la técnica jurídica, al equilibrio de poderes y a la voluntad libre e informada de la sociedad. 

¿Queremos una justicia independiente y profesional o una justicia sometida al vaivén de los intereses políticos? 

Lo que está en juego este domingo no es solo la elección de jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte.

Es el futuro de nuestra democracia constitucional.

Soy Gregorio Martínez, Más Allá de la Noticia.

Nos vemos y nos escuchamos.

Aquí en POSTA.