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Morena y el gobierno de México han cambiado su mensaje frente al caso Rocha; eso es innegable. Pasamos del «no estás solo» que diputadxs le corearon al gobernador el 24 de octubre de 2024 —en el contexto de la carta de «El Mayo» quien aseguró que se reuniría con el político el día de su secuestro— a deslindes institucionales.
El tan repetido «pruebas, pruebas, pruebas» de la presidentaClaudia Sheinbaum también quedó en segundo plano. Cuando Rocha Moya anunció el viernes pasado que regresaba a su cargo, el lavado de manos fue inmediato. En cuestión de horas cayeron los comunicados —del partido, del grupo parlamentario de Morena en la cámara baja, de lxs gobernadores guinda, de la Secretaría de Gobernación— exhortando a que pidiera licencia y dejando claro que su bando político no dio el visto bueno del retorno.
La presidenta se posicionó en un mensaje en X al día siguiente. Sin nombrar al sinaloense directamente, escribió «Ningún interés personal puede estar jamás por encima de los intereses del pueblo y de la Nación».
Lxs morenistas no sólo se deslindaron públicamente de Rocha. Fuertes voces internas como Vianey García y Arturo Ávila exigieron la salida de Enrique Inzunza del Senado. Horas más tarde, Inzunza acató —muy, muy a medias—. Para no renunciar al fuero —blindaje político que permite esquivar el tiempo en prisión— el senador anunció su salida de la bancada de Morena. Es decir, deja el grupo donde ya no lo quieren, pero no renuncia ni al pago, ni a la protección.
La presión contra Rocha fue tal que unas treinta y cuatro horas después de anunciar su regreso, el gobernador volvió a pedir licencia —esta vez de forma indefinida—. En su lugar quedó Graciela Domínguez Nava, exintegrante de su gabinete que en distintas ocasiones se lanzó a cargos de elección popular en fórmula con Inzunza y Rocha. A pesar de esta documentada cercanía, el 22 de agosto, Domínguez cerró filas con la presidenta en un tuit donde la citó y anunció explícitamente su respaldo.
¿Cómo explicar este giro de 180 grados en la postura morenista frente a las acusaciones de EE.UU. contra diez funcionarios sinaloenses? Para mí hay dos alternativas —o una mezcla de ambas—.
O Morena y el gobierno de México ya decidieron que no quieren estar peleados con Estados Unidos por el riesgo que representa la administración de Trump, y por eso se deslindan; o saben algo que no nos están diciendo. Quizás, las «pruebaspruebaspruebas» finalmente aparecieron y son conscientes de que defender a Rocha les haría quedar mal cuando todo se ventile.
Aunque escribo desde el campo especulativo, hay actualizaciones que no podemos ignorar. Primero, Gerardo Mérida —exsecretario de seguridad de Sinaloa, uno de los señalados que se fue a entregar a Estados Unidos— ya no aparece en los registros como detenido. No sabemos por qué pero una posible explicación podría ser que lo liberaron si es que las autoridades estadounidenses ya pactaron que sea un testigo colaborador. Es decir, podrían tener entre sus manos a una fuente dispuesta a tirarle tierra al gobierno mexicano con tal de salvar su pellejo.
Segundo dato: esta semana se confirmó la detención en Utah de otro exfuncionario de Sinaloa, identificado como Ricardo “N”, exdirector del Deporte en Guasave. Lo encontraron con ciento once mil pastillas de fentanilo. A resumidas cuentas, Estados Unidos sigue acumulando pruebas de la colusión entre el poder político sinaloense y el crimen organizado. Y tercer punto: en una entrevista, el 23 de agosto, Terry Cole, director de la DEA, acusó que tienen identificados a más funcionarios de alto nivel coludidos no sólo con el Cártel de Sinaloa, sino con el Cártel Jalisco Nueva Generación.
Dos cosas pueden ser ciertas a la vez: hay políticos mexicanos coludidos con el crimen organizado, y Estados Unidos usará esto como herramienta política para seguir justificando por qué deben intervenir militarmente en nuestro país.
Quizás el deslinde del gobierno y de Morena es su estrategia para ganar tiempo.