
Las prácticas más comunes se sancionan de seis meses a seis años de prisión, pero la ley prevé hasta 9 años de prisión para funcionarios que incurran en delitos electorales

Las prácticas más comunes se sancionan de seis meses a seis años de prisión, pero la ley prevé hasta 9 años de prisión para funcionarios que incurran en delitos electorales