La Auditoría Superior del Estado reveló graves irregularidades en el programa de Ayudas Sociales del Ayuntamiento.
Un nuevo golpe a la administración pública de la capital encendió las alarmas: la Auditoría Superior del Estado (ASE) detectó un presunto desvío de recursos por más de 15 millones 794 mil pesos en el Ayuntamiento de Ciudad Victoria durante el ejercicio 2024, bajo la gestión del alcalde Eduardo Abraham Gattás Báez.
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El señalamiento compromete directamente el manejo de fondos destinados a programas sociales que debían llegar a las familias más vulnerables.
El informe entregado al Congreso de Tamaulipas el pasado 30 de junio detalla que los apoyos para canasta básica, salud, vivienda, educación, cultura y deporte fueron comprobados en papel, pero sin la evidencia mínima que garantice su correcta aplicación.
La ausencia de cédulas socioeconómicas, diagnósticos confiables y padrones de beneficiarios pone en duda que el dinero haya beneficiado realmente a quienes más lo necesitaban.
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La ASE precisó que se destinaron más de 14 millones de pesos a la entrega de despensas para 13,600 personas, apoyos médicos para 40, funerarios para 44, de vivienda para 302 y becas educativas y deportivas para 1,411. Sin embargo, no existe documentación que acredite el criterio de vulnerabilidad, como lo exige la Ley de Desarrollo Social del Estado.
El dictamen del órgano fiscalizador fue categórico: el Ayuntamiento “no cumplió con el objetivo de mejorar la calidad de vida de la población vulnerable”. La falta de reglas claras de operación y mecanismos de transparencia no solo afecta la rendición de cuentas, sino que también abre la puerta a la discrecionalidad en la asignación de recursos.
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Además, el informe advirtió sobre un riesgo de duplicidad con programas estatales y federales, lo que podría haber derivado en que un mismo beneficiario recibiera apoyos por partida doble, mientras otras familias quedaron fuera. Esto, según la ASE, refleja una grave deficiencia en la planeación y focalización de los recursos.
El señalamiento coloca a la administración municipal en la mira política y jurídica, pues los más de 15.7 millones de pesos ejercidos de manera opaca podrían derivar en responsabilidades administrativas e incluso en denuncias penales. El propio informe recomienda reformular los mecanismos de entrega de apoyos mediante padrones únicos, reglas claras y evidencia documental verificable.
Mientras tanto, las familias victorenses esperan explicaciones. Para la ciudadanía, el desfalco no se mide solo en millones, sino en la ausencia de ayuda real en momentos de necesidad.
En un contexto donde la pobreza y la falta de oportunidades siguen golpeando fuerte, la opacidad en el manejo de recursos sociales representa no solo un error administrativo, sino una traición a la confianza pública.
