Con la Guardia Estatal, cerraron el paso en Altamira y dejaron a periodistas bajo el sol.
Bajo una hermética cortina de seguridad y en medio de un despliegue operativo sin precedentes, el Centro Integral de Justicia ubicado en el sector La Pedrera de Altamira se convirtió en un bastión inalcanzable.
Las autoridades judiciales y de seguridad pública optaron por el aislamiento radical durante el desarrollo de la audiencia de imputación contra Jorge Luis “N” y Estrella “N”, sin embargo los presuntos responsables se conectaron via zoom a esta sesión.
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Lejos de privilegiar el principio de máxima publicidad y transparencia que exige un caso de profundo impacto social como el feminicidio de la menor Dafne Zapata, las dependencias involucradas prefirieron bloquear el acceso.
El recinto judicial quedó rodeado de un cerco que privó a la ciudadanía del derecho a mantenerse informada sobre el avance de las investigaciones.
Blindan juzgados de Altamira durante audiencia del caso de Dafne Zapata
Desde las primeras horas de la jornada, elementos de la Guardia Estatal desplegaron un riguroso dispositivo de seguridad que incluyó el cierre total de los accesos principales a la sede judicial.
Las patrullas e instructivos de paso impidieron el libre tránsito no solo de los representantes de los medios de comunicación, sino de cualquier ciudadano que buscara acercarse al inmueble.
Las instalaciones operaron a puerta cerrada bajo la justificación de mantener la seguridad y el orden público ante posibles manifestaciones.
Sin embargo, la desmedida presencia de los uniformados estatales proyectó una imagen de opacidad y distanciamiento institucional, bloqueando cualquier canal de comunicación directo respecto a lo que sucedía dentro de las salas de juicio oral.
Blindan juzgados de Altamira durante audiencia del caso de Dafne Zapata
El blindaje policial dejó a decenas de comunicadores, fotógrafos y camarógrafos varados por horas en la vía pública, expuestos a la intemperie absoluta.
Sin un espacio institucional para el desempeño de su labor, los trabajadores de la información tuvieron que resguardarse en los pequeños retazos de sombra que proyectaban bardas y postes lejanos.
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Aunado a la falta de facilidades para el trabajo periodístico, los informadores enfrentaron la inclemencia del intenso sol y las elevadas temperaturas extremas que caracterizan a la región sur de Tamaulipas.
Entre el calor sofocante y la negativa de reportes oficiales en tiempo real, la labor informativa se transformó en un ejercicio de resistencia en el perímetro exterior.
Blindan juzgados de Altamira durante audiencia del caso de Dafne Zapata
El caso del feminicidio de la joven Dafne Zapata, ocurrido tras ingresar a la Academia Militarizada de Marina Doenitz, encendió la indignación colectiva en Tamaulipas y a nivel nacional.
La sociedad demanda explicaciones claras y un proceso impoluto tras las múltiples irregularidades y presuntos abusos denunciados dentro del campamento de verano.
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La falta de vocería oficial inmediata genera incertidumbre, propicia la especulación y contraviene la exigencia social de garantizar un juicio transparente, abierto y sin favoritismos para las partes involucradas.
Blindan juzgados de Altamira durante audiencia del caso de Dafne Zapata
La presencia de ambos acusados en el tribunal representa el punto medular de la investigación formulada por la Fiscalía General de Justicia del Estado. Jorge Luis “N”, en su carácter de director del plantel militarizado, y Estrella “N”, señalada como responsable de enlace operativo, encaran acusaciones directas por el delito de feminicidio.
De acuerdo con las indagatorias ministeriales, ambos desempeñaban un rol clave en la administración y la supervisión del curso de verano donde la niña de 13 años perdió la vida por asfixia por sumersión.
La audiencia inicial busca determinar si existen los elementos de prueba suficientes para dictar la vinculación a proceso y mantener la medida cautelar de prisión preventiva.
Blindan juzgados de Altamira durante audiencia del caso de Dafne Zapata
Diversas agrupaciones de la sociedad civil y familiares de la víctima han expresado su rechazo ante la falta de apertura mostrada por las autoridades judiciales en Altamira.
Exigen que los actos procesales no se manejen a espaldas de la comunidad y que se respeten los derechos de acceso a la información y libertad de prensa.
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El reclamo generalizado apunta a que la justicia no se limite al encarcelamiento formal de los sospechosos, sino que garantice la máxima publicidad de los actuados.
Las organizaciones sociales advierten que mantendrán la vigilancia constante sobre el desempeño de jueces y fiscales, demandando que el rigor policial se aplique para esclarecer los hechos y no para esconder el desarrollo de las audiencias.
