La Fiscalía Anticorrupción de Tamaulipas ha abierto 800 carpetas de investigación y judicializado 20 casos por la adjudicación de contratos millonarios y operaciones ilícitas.
A poco más de dos años de haber concluido la administración del panista Francisco García Cabeza de Vaca, al menos cinco exfuncionarios de su gabinete estatal han sido vinculados a proceso por delitos relacionados con corrupción, uso indebido de funciones y desvío de recursos públicos.
Las investigaciones, encabezadas por la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de Tamaulipas, han derivado en más de 800 carpetas y la judicialización de alrededor de 20 casos, algunos de los cuales implican contratos millonarios y operaciones fuera de la ley.
Francisco Cabeza de Vaca fue gobernador de Tamaulipas en el periodo 2016- 2022. Foto: Carlos García
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Rómulo “G”, exsecretario de Bienestar Social, enfrenta acusaciones por uso ilícito de atribuciones y facultades, derivadas de la compra irregular de 474 mil despensas por 125 millones de pesos en 2020, durante la pandemia.
Tras evadir una audiencia en 2024, se giró una orden de aprehensión que fue cumplimentada en enero de 2025 en San Luis Potosí e internado en prisión preventiva.
No obstante, la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción de Tamaulipas informó que el Juez de Control de la Primera Región Judicial vinculó nuevamente a proceso a Rómulo “N”, por su presunta responsabilidad en la adquisición irregular de 2.6 millones de despensas mediante adjudicación directa por un monto de 650 millones de pesos.
Rómulo "G", ex secretario de Bienestar Social en la pasada administración estatal. Foto: Carlos García
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Mario “G”, extitular de la Secretaría de Educación de Tamaulipas (SET), fue vinculado a proceso por los delitos de peculado y ejercicio ilícito del servicio público.
De acuerdo con la carpeta 14/2023, celebró un convenio con la aseguradora MetLife sin facultades legales, provocando el desvío de recursos destinados al pago de nómina de maestros hacia una aseguradora sin conocimiento de la Secretaría de Finanzas.
Aunque el peculado es delito grave, el juez determinó que enfrentara el proceso en libertad con medidas cautelares como firma periódica y prohibición de acercarse a testigos o a instalaciones de la SET.
Mario "G", ex secretario de Educación de la pasada administración estatal. Foto: Carlos García
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La extitular de la Contraloría Gubernamental, Elda Aurora “V”, fue vinculada a proceso en marzo de 2025 por uso ilícito de atribuciones y desempeño indebido de funciones administrativas.
También está implicada en la adjudicación indebida de 14 contratos por más de 8 millones de pesos junto con el exsecretario de Administración, Jesús Alberto “S”.
Aunque enfrenta cargos por corrupción, se le permitió continuar el proceso en libertad con firma periódica y otras restricciones.
Elda Autora "V", excontralora estatal. Foto: Carlos García
Gilberto “E”, quien estuvo al frente de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, ha sido vinculado en tres ocasiones por delitos como ejercicio ilícito del servicio público y condonación indebida de multas a empresas extractoras de materiales.
Las acusaciones se relacionan con omisiones deliberadas en la supervisión y sanción a dichas compañías.
A pesar de la gravedad de los señalamientos, el exfuncionario ha logrado enfrentar todos sus procesos en libertad, bajo medidas cautelares.
Gilberto "E", ex secretario de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente de la pasada administración estatal. Foto: Carlos García
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Jesús Alberto “S” fue vinculado a proceso por su participación en la adjudicación directa de contratos, así como en la polémica compra de despensas por 125 millones de pesos.
La Fiscalía lo imputó en dos carpetas, pero al no presentarse a las audiencias judiciales, se giró una orden de aprehensión.
Actualmente se encuentra no localizado y continúa prófugo de la justicia.
Jesús Alberto "S", exsecretario de Administración en la pasada administración estatal. Foto: Carlos García
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De acuerdo con cifras oficiales y fuentes periodísticas, la Fiscalía Anticorrupción ha judicializado 20 casos contra exfuncionarios de alto nivel del sexenio anterior, de los cuales 15 han sido vinculados a proceso, incluyendo al menos cinco exsecretarios de gabinete.
La mayoría enfrenta sus procesos en libertad, aunque se han emitido sanciones adicionales como inhabilitaciones, multas y recuperación de parte de los recursos desviados.
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