Las investigaciones sobre la administración del exgobernador Francisco García Cabeza de Vaca acumulan observaciones por más de 2 mil 423 millones de pesos, de acuerdo a la Fiscalía estatal.
Las investigaciones por presuntas irregularidades en el manejo de recursos públicos durante el gobierno de Francisco García Cabeza de Vaca mantienen bajo revisión a cinco dependencias de la administración estatal.
De acuerdo con expedientes integrados por la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de Tamaulipas y la Auditoría Superior del Estado, las observaciones ascienden a 2 mil 423 millones 433 mil pesos, monto que corresponde a presuntos quebrantos detectados entre 2016 y 2022.
Actualmente, las carpetas de investigación se encuentran en una etapa clave del proceso de judicialización.
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Las investigaciones identifican a cinco dependencias donde se concentran las principales observaciones derivadas de auditorías realizadas al ejercicio de recursos públicos:
Secretaría de Bienestar Social.
Secretaría de Finanzas.
Secretaría de Educación de Tamaulipas.
Instituto Tamaulipeco de Capacitación para el Empleo (ITACE).
Las autoridades analizan el destino de los recursos observados para determinar si existen responsabilidades administrativas o penales derivadas de las presuntas irregularidades detectadas durante las revisiones.
La Secretaría de Salud es una de las dependencias señaladas durante la administración cabecista. FOTO | Carlos García
Los expedientes integrados por la Fiscalía Anticorrupción y la Auditoría Superior del Estado documentan observaciones por 2 mil 423 millones 433 mil pesos, correspondientes al periodo comprendido entre 2016 y 2022.
El monto reúne diversas observaciones formuladas durante auditorías practicadas a distintas áreas del gobierno estatal. Estas revisiones buscan verificar que los recursos públicos hayan sido ejercidos conforme a la normatividad aplicable.
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Las carpetas de investigación avanzan en la fase de judicialización, una etapa del proceso penal en la que el Ministerio Público determina si existen elementos suficientes para presentar los casos ante un juez.
Esta fase no representa una resolución sobre la responsabilidad de las personas investigadas, sino el análisis jurídico de las pruebas obtenidas durante las investigaciones.
Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre una resolución judicial definitiva en los expedientes relacionados con estas observaciones, por lo que las investigaciones continúan en curso conforme a los procedimientos establecidos por la ley.
