Se prepara nueva Ley en Tamaulipas para regular la videovigilancia
El Gobierno de Tamaulipas prepara una ley para integrar cámaras privadas al C5, ampliar la vigilancia y evitar que estos sistemas sean usados con fines delictivos.

El Ejecutivo Estatal prepara una nueva ley para regular la videovigilancia en Tamaulipas, una iniciativa que busca integrar cámaras privadas al sistema público de seguridad, fortalecer la prevención del delito y cerrar la puerta al uso criminal de estos dispositivos.
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Así lo dio a conocer Rómulo Pérez Sánchez, subsecretario de Enlace Legislativo, quien adelantó que la propuesta será enviada al Congreso local antes de que concluya el mes de enero.
¿Por qué regular ahora la videovigilancia en Tamaulipas?
En los últimos años, la instalación de cámaras de seguridad privadas creció de forma acelerada. Comercios pequeños, grandes cadenas, fraccionamientos y hasta viviendas particulares han colocado sus propios sistemas como respuesta a la inseguridad. Sin embargo, muchos de estos equipos operan de manera aislada, sin protocolos claros ni coordinación con la autoridad.
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De acuerdo con Pérez Sánchez, esta situación representa un doble filo: por un lado, las cámaras pueden convertirse en aliadas de la seguridad pública; por otro, si no existe control institucional, también pueden ser utilizadas por grupos delictivos para vigilar movimientos, rutas o incluso a las propias corporaciones de seguridad.
La nueva legislación busca precisamente evitar que la videovigilancia “juegue en contra” de la ciudadanía y garantizar que su uso esté alineado al interés público.
¿Cómo funcionará la integración de cámaras privadas al C5?
Uno de los ejes centrales de la iniciativa es permitir que los sistemas privados de videovigilancia puedan conectarse al Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano. Con esta integración, las autoridades tendrían acceso, bajo reglas claras, a imágenes que podrían ser clave para la investigación de robos, agresiones, accidentes o delitos de alto impacto.
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Actualmente, no existe un dato preciso sobre cuántas cámaras privadas podrían incorporarse al sistema estatal. Por ello, el gobierno ya realiza un barrido en comercios y establecimientos para conocer el número real de dispositivos instalados y evaluar su viabilidad técnica para integrarlos al C5.
Este diagnóstico permitirá, en una primera etapa, sumar aquellos sistemas que cumplan con los requisitos necesarios, ampliando de forma considerable la cobertura de vigilancia en zonas urbanas y comerciales.
¿Qué garantías habrá para evitar abusos o usos ilegales?
Otro punto clave de la nueva ley será el empadronamiento de todos los sistemas privados de videovigilancia. Este registro permitirá al Estado saber dónde están ubicadas las cámaras, quién es su responsable y con qué fines operan.
La intención, según explicó el subsecretario, es evitar que estos equipos sean utilizados para actividades ilícitas o para facilitar la operación del crimen organizado.
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Además, el marco legal buscará establecer límites claros sobre el uso de las imágenes, protegiendo la privacidad de las personas y evitando un uso discrecional de la información. La videovigilancia, subrayó Pérez Sánchez, debe ser una herramienta de apoyo ciudadano y no un mecanismo de control sin reglas.
Con esta iniciativa, Tamaulipas busca actualizar su marco normativo en materia de seguridad, adaptándolo a una realidad donde la tecnología avanza más rápido que las leyes. La propuesta será presentada una vez que inicie el próximo periodo de sesiones del Congreso local y, de aprobarse, marcaría un antes y un después en la forma en que el estado observa, protege y cuida a su población.












