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La defensa de Danna Yaninaacusó a la Fiscalía de Tamaulipas de ejercer violencia institucional contra su familia, al señalar que el Ministerio Público ha destinado parte de sus investigaciones a verificar aspectos personales, laborales y patrimoniales de sus padres y otros familiares durante el proceso de revisión de la medida cautelar.
Carlos David Robles Figueroa aseguró que, a lo largo de seis días de audiencia, la Fiscalía ha incorporado 11 tomos relacionados con las indagatorias sobre Ofir Cruz Melo, padre de Danna, su madre e incluso su abuela.
El abogado sostuvo que estas diligencias han permitido confirmar que la familia cuenta con domicilio y empleo en el sur de Tamaulipas. También afirmó que uno de los riesgos procesales que justificaron la prisión preventiva ya fue desvirtuado mediante una resolución de segunda instancia.
El litigante aseguró que la Fiscalía ha integrado 11 tomos sobre las investigaciones a su padre, su madre y hasta su abuela, además de solicitar información a sus centros de trabajo y al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
Explicó que se enviaron tres oficios al empleo de la madre de Danna para verificar que efectivamente laborara en ese lugar, además de solicitar información sobre su afiliación al Seguro Social y realizar inspecciones en el domicilio propuesto para el resguardo de la joven.
“Hay un tema de violencia institucional fuertísimo contra ellos”, expresó el abogado, quien consideró excesivas las diligencias realizadas contra los familiares.
También cuestionó que esos esfuerzos no se hayan concentrado, desde su perspectiva, en esclarecer el feminicidio de Dafne Zapata Quintos Martínez e identificar y detener a quienes considera responsables del crimen.
¿Por qué la defensa sostiene que ya no existe riesgo de obstaculización?
Robles Figueroa explicó que, cuando se impuso la prisión preventiva, la autoridad consideró dos riesgos procesales: uno relacionado con la posibilidad de que Danna se sustrajera del proceso por no contar con domicilio en la jurisdicción y otro por una presunta superioridad jerárquica sobre otros estudiantes de la academia.
Sobre este último argumento, el abogado aseguró que una magistrada, al resolver una apelación presentada por la defensa, determinó que Danna no tenía una posición jerárquica superior respecto a los demás alumnos.
“La magistrada que resolvió le dijo: a ver, jerarquías eran iguales”, explicó.
El defensor sostuvo que esa resolución permite desvirtuar el riesgo de obstaculización que originalmente se tomó en cuenta para imponer la medida cautelar.
Por ello, señaló que actualmente el debate se concentra en el posible riesgo de sustracción, argumento que la defensa busca combatir mediante la acreditación de un domicilio y condiciones de arraigo en Altamira.
Danna Yanina, una de las personas detenidas por el feminicidio de Dafne Zapata en Ciudad Madero. FOTO | Axel Hassel
¿Qué pruebas presentó la defensa para acreditar el arraigo de Danna Yanina?
Carlos David Robles afirmó que el domicilio propuesto para que Danna continúe su proceso fue inspeccionado por agentes de la Policía de Investigación y personal de la Unidad de Medidas Cautelares.
De acuerdo con el abogado, las autoridades verificaron que la vivienda está habitada, cuenta con una sola entrada y salida y tiene protecciones en sus ventanas. Añadió que vecinos del sector también rindieron entrevistas para corroborar la residencia de la familia.
En cuanto a la situación laboral, indicó que la Fiscalía solicitó información directamente al centro de trabajo de la madre de Danna y al IMSS, instancias que, según su versión, confirmaron que cuenta con empleo y registro de seguridad social.
“Ya le contestaron que sí trabaja. Giró oficio para el Seguro Social, ya le contestaron que sí trabaja. Giró oficios para que fueran a ver si estaba en el domicilio. Ya dijeron que sí”, sostuvo.
El abogado consideró que estos elementos demuestran que las condiciones cambiaron desde que se impuso la prisión preventiva y que existen alternativas para que Danna continúe su proceso fuera del CEDES de Altamira.