La madre de Dafne Zapata contrata abogados en Zacatecas para el caso de feminicidio de su hija, tras desconfianza en Tamaulipas.
La incansable búsqueda de justicia por la trágica muerte de Dafne Zapata Quintos, una adolescente de tan solo 13 años que perdió la vida dentro de una academia militarizada en Ciudad Madero, Tamaulipas, ha dado un giro decisivo.
Su madre, Alejandra Quintos Martínez, tomó la determinación de buscar respaldo jurídico fuera de la entidad para dar seguimiento al caso.
Este sábado, Quintos Martínez formalizó en el estado de Zacatecas la contratación del despacho Ávila y Asociados, integrado por los abogados Álvaro Ávila Fonseca y Darío Gamón Rodríguez.
Los litigantes asumirán la representación legal de la familia en calidad de víctimas indirectas dentro de la carpeta de investigación que se sigue por el delito de feminicidio.
Alejandra Quintos en el despacho Ávila y Asociados junto a sus nuevo abogados | FOTO: Alejandra Quintozz
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La decisión de recurrir a un bufete externo responde directamente a la profunda desconfianza que la madre desarrolló hacia el sistema de justicia tamaulipeco durante las primeras etapas del proceso.
La afectada señaló explícitamente que no deseaba contratar a ningún profesional o despacho de su ciudad natal, Ciudad Mante.
Quintos Martínez justificó su postura argumentando percepciones de corrupción e impunidad dentro del sistema penal local; ante este escenario, prefirió buscar asesoría independiente que le garantizara transparencia en las indagatorias para esclarecer la muerte de su hija.
Alejandra Quintos Madre de Dafne Zapata | FOTO: Alejandra Quintozz
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El caso generó una fuerte indignación social desde el mes de julio, cuando la menor acudió a un campamento organizado por la Academia Militarizada de Marina Doenitz, en Ciudad Madero, y posteriormente fue reportada sin vida.
A raíz del deceso, la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas abrió una investigación que derivó en la detención de personas presuntamente implicadas.
El suceso destapó severos cuestionamientos sobre el funcionamiento operativo de la institución, así como testimonios de exalumnos y reclamos familiares.
Por su parte, el ayuntamiento de Ciudad Madero sostuvo que la responsabilidad penal recae en la Fiscalía estatal, por lo que debe evitarse cualquier conclusión anticipada.
Piden justicia para Dafne | FOTO: Alejandra Quintozz
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Alejandra Quintos reveló que recibió propuestas de juristas radicados en diversos estados del país, e incluso de despachos ubicados en Estados Unidos y Canadá; finalmente, optó por los abogados zacatecanos tras recibir recomendaciones directas de conocidos y agrupaciones civiles.
Más allá de las credenciales académicas y la trayectoria profesional, la madre enfatizó que la decisión se basó en el trato digno recibido; aseguró que la empatía y la calidad humana mostrada por los litigantes resultaron determinantes para confiarles la defensa de la memoria de su hija.
Decidió ese despacho por recomendaciones directas de conocidos | FOTO: Alejandra Quintozz
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Los abogados aclararon que su intervención se centrará exclusivamente en la investigación por feminicidio, donde representan a las víctimas indirectas; aunque existe otro expediente relacionado con el delito de violación, precisaron que jurídicamente no tienen injerencia en dicha causa.
El equipo legal aprovechará el periodo de investigación complementaria, el cual abarca hasta seis meses, para recabar y aportar elementos de prueba; su objetivo es coadyuvar estrechamente con la Fiscalía Especializada de Investigación del Feminicidio para fortalecer el expediente y contrarrestar las apelaciones de los vinculados.
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A pesar de la distancia geográfica entre Zacatecas y Tamaulipas, los defensores afirmaron que las herramientas digitales permitirán mantener una coordinación constante; reconocieron además que, hasta el momento, han encontrado apertura por parte de la Fiscalía estatal para trabajar en conjunto.
Para Alejandra Quintos, este proceso representa la única vía para honrar la memoria de su hija; entre lágrimas, hizo un llamado a los padres de familia para mantenerse alerta sobre sus hijos y exigir que los planteles educativos, especialmente con formato militarizado, garanticen la integridad de los menores.
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