Tras más de 16 años en Funerales del Refugio, Marisol Uriegas fue despedida en 2019; ha ganado tres demandas y logrado embargos, pero asegura que aún no puede cobrar.
Marisol Uriegas llegó este lunes al Polyforum de Ciudad Victoria con una cartulina que resumía en cinco palabras una batalla laboral iniciada en 2019: “7 años esperando justicia laboral”.
Esperó al secretario del Trabajo de Tamaulipas, Gerardo Illoldi Reyes, y lo confrontó por lo que considera una incapacidad de las autoridades para convertir las resoluciones que ha obtenido a su favor en algo concreto: recibir el dinero que reclama.
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El caso ha pasado por demandas, reinstalaciones, amparos, requerimientos de pago y embargos. Incluso fue necesaria la presencia de la Guardia Estatal para ejecutar una diligencia contra la empresa.
Marisol Uriegas llegó este lunes al Polyforum de Ciudad Victoria con una cartulina que resumía en cinco palabras una batalla laboral iniciada en 2019. Foto /
Marisol trabajó más de 16 años para Funerales del Refugio, perteneciente a Grupo Funerario del Norte, antes de ser despedida en 2019. Desde entonces comenzó un conflicto que ha atravesado distintas etapas ante las autoridades laborales.
De acuerdo con información publicada sobre su expediente y con la versión de la propia trabajadora, durante estos años presentó tres demandas que resultaron favorables, además de haber sido reinstalada en distintas ocasiones para posteriormente volver a ser separada de sus funciones.
El problema dejó entonces de ser únicamente conseguir una resolución favorable y pasó a otra etapa que ha resultado igualmente complicada: hacerla cumplir.
En octubre de 2025, la Junta Especial Número 3 de Conciliación y Arbitraje ejecutó un embargo contra Funerales del Refugio después del incumplimiento de una resolución que en ese momento ordenaba cubrir más de 700 mil pesos por salarios caídos y prestaciones laborales.
Entre los bienes asegurados estuvieron ataúdes y otros artículos pertenecientes a la empresa.
El conflicto continuó y en febrero de 2026 la Secretaría del Trabajo anunció que recurriría incluso a la fuerza públicapara ejecutar otro embargo relacionado con el caso.
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Días después, elementos de la Guardia Estatal participaron en una nueva diligencia en la que nuevamente fueron asegurados bienes de la funeraria.
Reportes de ese procedimiento ubicaron en 2.5 millones de pesos el monto del laudo cuya ejecución se buscaba garantizar.
El funcionario defendió la actuación de la dependencia y aseguró que existe disposición para continuar atendiendo el expediente, aunque hizo un reconocimiento importante: el proceso no ha representado una justicia pronta y expedita.
“Ya son siete años de este proceso que ha sido tortuoso, complicado para ti”, le manifestó Marisol.
Cuando Illoldi mencionó los avances alcanzados mediante los embargos, Marisol lo interrumpió para señalar que esas diligencias no han significado que pueda cobrar.
También afirmó que durante 2025 recibió apoyo de la Secretaría para realizar un trámite, pero posteriormente dejaron de responderle, asegurando que conserva los mensajes.
Marisol Uriegas llegó este lunes al Polyforum de Ciudad Victoria con una cartulina que resumía en cinco palabras una batalla laboral iniciada en 2019
Ese es precisamente el punto que ha convertido el expediente de Marisol en algo más que un conflicto entre una empresa y una extrabajadora.
Marisol sostiene que incluso ha recurrido a amparos para obligar a la autoridad laboral a continuar determinadas actuaciones.
Un escrito divulgado recientemente identifica su asunto como el expediente 40/E03/2019 y señala que se encuentra en etapa de ejecución de un laudo firme.
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Gerardo Illoldi, por su parte, ha señalado que la existencia de numerosos amparos ha contribuido a prolongar el procedimiento, mientras la trabajadora argumenta exactamente lo contrario: que algunos de esos recursos han sido necesarios ante lo que considera omisiones de la autoridad.
Siete años después del despido, la discusión ya no gira solamente alrededor de determinar quién tenía razón.
Marisol ha conseguido resoluciones favorables, reinstalaciones y embargos. Lo que todavía reclama es el resultado que esperaba obtener cuando inició el procedimiento en 2019: que las resoluciones laborales finalmente puedan hacerse efectivas.
