Diputados locales piden al Gobierno federal priorizar el abastecimiento del estado y no autorizar el trasvase desde la presa El Cuchillo Reservoir hacia Marte R. Gómez Reservoir.
En una clara muestra de alerta ante la gestión del agua, legisladores del Congreso del Estado de Nuevo León solicitaron esta semana que no se realice el tradicional trasvase del embalse El Cuchillo hacia la presa Marte R. Gómez en Tamaulipas.
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La petición surge en medio de niveles altos en ambos cuerpos de agua y de una tensión creciente por el futuro abastecimiento del recurso para Nuevo León.
Los legisladores consideran que no existen las condiciones técnicas que, según el convenio bilateral de 1996, obligan a efectuar el envío de agua.
En particular, señalan que la presa El Cuchillo actualmente cuenta con más de 930 millones de metros cúbicos almacenados, lejos del umbral de riesgo; al mismo tiempo, la Marte R. Gómez, ya en el vecino estado de Tamaulipas, registra cerca del 89 % de su capacidad.
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El diputado del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Javier Caballero Gaona, manifestó que “no hemos superado la crisis hídrica… tenemos que cuidarla para el futuro porque definitivamente no estamos en las condiciones óptimas como para estar regalando el agua”.
Por su parte, la diputada del Movimiento Ciudadano, Paola Linares, advirtió que “si no hay necesidad, pues que todo se mantenga como hasta ahora” y que el recurso debe priorizarse para las familias y agricultores de Nuevo León.
El convenio firmado en 1996 entre Nuevo León, Tamaulipas y la Comisión Nacional del Agua (Conagua) estipula que solo debe realizarse el trasvase cuando la presa origen tenga excedente y el destino esté por debajo de 700 millones de metros cúbicos.
Con los datos de este año, esa lógica resulta frágil, lo que podría dejar sin envío millones de metros cúbicos de agua cruciales para el ciclo agrícola en el sur de Tamaulipas. Agricultores y comunidades del Distrito de Riego 026, que normalmente dependen de ese volumen, observan con inquietud los posibles efectos de esta negativa.
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Para Nuevo León, en cambio, dejar de enviar agua implica más resguardo de su capacidad hídrica y menor riesgo en épocas secas, aunque la exigencia ciudadana apunta también al control de pérdidas y al fortalecimiento de infraestructura.
El siguiente paso lo tiene la Conagua, que evaluará los niveles al corte del 31 de octubre y decidirá si el trasvase procede o no.
Si la decisión es negativa, Nuevo León celebrará haber preservado el recurso, pero Tamaulipas enfrentará presión para buscar fuentes alternativas o una indemnización para afectados. Por otro lado, si se autoriza el trasvase, será bajo condiciones estrictas y posiblemente con volumen reducido.
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En cualquier caso, el tema vuelve a poner sobre la mesa la urgencia de reformas de largo plazo: captación pluvial, modernización de presas, gestión eficiente del agua y una mirada conjunta entre estados que históricamente han compartido este flujo vital.
