Congreso de Tamaulipas quiere blindar el presupuesto público de las empresas “fantasma”
Con la reforma a la Ley de Adquisiciones, ahora se verificará físicamente a los proveedores para asegurar que los contratos públicos se cumplan.

Este miércoles en el Congreso de Tamaulipas se presentó el tema de reformas a la ley de Adquisiciones para evitar la contratación de empresas fantasmas.
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En este caso, se entiende por empresa fantasma, una empresa que no existe, misma a la que se le adjudican contratos, pudiendo ser de obra o de proveedor, llevando al incumplimiento de este y derivando en actos de ilegalidad que dañan al erario público.
¿De qué se tratan las reformas en contra de las empresas fantasmas en Tamaulipas?
La Diputación Permanente del Congreso de Tamaulipas inició sesión con la revisión de reformas legales que buscan evitar fraudes y proteger los recursos públicos, con especial énfasis en los proveedores del Estado y municipios.
Entre los puntos principales destaca la modificación a la Ley de Adquisiciones, que obligará a verificar físicamente la existencia y capacidad de los contratistas, con el objetivo de evitar la participación de empresas “fantasma” o factureras.
¿Cuál es la intención de las reformas en contra de las empresas fantasmas en Tamaulipas?
La medida permitirá garantizar que los servicios contratados se cumplan y que el dinero público se utilice de manera eficiente, señaló Francisco Adrián Cruz Martínez, diputado presidente de la Comisión Permanente.
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El funcionario explicó que se discutirá una reforma a la Ley de Adquisiciones para la Administración Pública del Estado y los municipios a fin de obligar a que se verifique físicamente la existencia y capacidad de los proveedores, contratistas y así evitar la participación de empresas fantasma.
¿Qué otras reformas están revisando en el Congreso de Tamaulipas?
Actualmente, el Congreso también analiza reformas a la Ley de Salud, la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano y la Ley de Derechos de las Personas Adultas Mayores.
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Además de ajustes a la Ley de Participación Ciudadana y a la Constitución estatal, esto con la intención de buscar mejorar la transparencia y rendición de cuentas de los funcionarios.