La dependencia estatal reportó 195 sanciones administrativas y 85 expedientes enviados al Tribunal de Justicia Administrativa por posibles faltas graves.
La estrategia de vigilancia y combate a las irregularidades dentro del servicio público continúa generando resultados en Tamaulipas. La Contraloría Gubernamental del Estado informó que hasta el momento ha inhabilitado a 134 servidores públicos y aplicado sanciones administrativas a un total de 195 funcionarios por diversas anomalías detectadas durante procesos de revisión e investigación.
La titular de la dependencia, Norma Angélica Pedraza Melo, reveló que aproximadamente el 90 por ciento de las sanciones corresponden a ex funcionarios que formaron parte de la administración estatal anterior, incluyendo servidores públicos que ocuparon cargos de primer y segundo nivel.
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Las cifras reflejan uno de los procesos de fiscalización más amplios registrados en los últimos años en la entidad, donde además se mantienen abiertas investigaciones y procedimientos que todavía continúan su curso legal.
Hasta el momento ha inhabilitado a 134 servidores públicos. Foto / Gobierno del Estado
De acuerdo con la información proporcionada por la Contraloría, una gran parte de los procedimientos administrativos iniciados involucran a ex servidores públicos que desempeñaron funciones durante el gobierno anterior.
La contralora estatal explicó que entre las personas sancionadas existen ex funcionarios que ocuparon puestos de alta responsabilidad dentro de la estructura gubernamental.
Asimismo, señaló que algunos de los involucrados han recurrido a mecanismos legales como amparos y recursos de defensa para impugnar las resoluciones emitidas por la autoridad, por lo que varios procedimientos continúan desarrollándose en diferentes instancias.
La funcionaria destacó que las investigaciones se realizan conforme a los procedimientos establecidos por la legislación vigente y respetando el debido proceso.
Hasta el momento ha inhabilitado a 134 servidores públicos. Foto / Gobierno del Estado
Además de las sanciones ya impuestas, la Contraloría informó que 85 expedientes fueron remitidos al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado.
Estos casos corresponden a posibles faltas administrativas graves cuya resolución ya no compete directamente a la dependencia estatal, sino a la autoridad jurisdiccional especializada.
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Será el Tribunal quien determine si existen responsabilidades que ameriten sanciones adicionales, inhabilitaciones más extensas o incluso consecuencias de mayor alcance conforme a la ley.
La remisión de estos expedientes representa una segunda etapa dentro del proceso de rendición de cuentas impulsado por las autoridades estatales.
Hasta el momento ha inhabilitado a 134 servidores públicos. Foto / Gobierno del Estado
La Contraloría destacó que paralelamente a las investigaciones administrativas, el Gobierno de Tamaulipas ha logrado reducir considerablemente los montos observados por la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
Según los datos oficiales, la Cuenta Pública 2023 registró observaciones equivalentes al 0.03 por ciento del presupuesto auditado, mientras que la Cuenta Pública 2024 presentó observaciones por apenas el 0.02 por ciento.
En términos económicos, ambas revisiones representan alrededor de 14 millones de pesos observados, una cifra significativamente menor en comparación con ejercicios anteriores.
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Otro de los indicadores que destacó la dependencia es el incremento en el cumplimiento de las declaraciones patrimoniales por parte de los servidores públicos.
Actualmente, cerca de 38 mil trabajadores del Poder Ejecutivo estatal presentan su declaración patrimonial en tiempo y forma, lo que representa un avance importante en materia de transparencia y rendición de cuentas.
Las cifras dadas a conocer por la Contraloría reflejan el alcance de los mecanismos de supervisión implementados en Tamaulipas durante los últimos años. Mientras continúan los procedimientos administrativos y judiciales derivados de las investigaciones, las autoridades estatales sostienen que el objetivo es fortalecer la transparencia, garantizar el uso adecuado de los recursos públicos y consolidar una cultura de legalidad dentro del servicio público.
El seguimiento de los expedientes pendientes y las resoluciones que emitan las instancias correspondientes serán determinantes para conocer el alcance final de este proceso de fiscalización en la entidad.
