La Secretaría de Salud presentó formalmente 14 denuncias formales en las que se señala al gobierno de Cabeza de Vaca como presunto responsable por el desvío de más de 300 millones.
Este miércoles, Iván Saldaña Magaña, titular del Área Jurídica de la Secretaría de Salud de Tamaulipas, en presencia de Norma Pedraza, titular de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, Luisa Manautou, secretaria de administración y de Vicente Hernández, secretario de salud, emitió un posicionamiento ante 14 denuncias por inconsistencias encontradas de la anterior administración.
La Secretaría de Salud de Tamaulipas, por medio del titular jurídico, interpuso 14 denuncias penales ante la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción, en contra de exfuncionarios estatales y exproveedores,
Entre los implicados en estas presuntas inconsistencias, se encuentra el exgobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca y la exsecretaria de Salud, Gloria Molina Gamboa, entre otros, por un presunto quebranto al erario superior a 344 millones de pesos.
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Del quebranto de 344 millones de pesos, 221 millones son de origen estatal y 122 millones son recursos federales, además se incluye a Dacio García, de Planeación; Alejandro Aguilar y Román Castillo, así como los empresarios Julio César Carmona, de Permart, y Carlos Alejandro Romero, de Joser, entre los implicados.
El funcionario señaló que los recursos desviados se destinaron a dos empresas vinculadas a la familia Carmona Angulo (ligada al tráfico de combustible): Grupo Industrial Permart y Grupo Industrial Joser, con los que se celebraron contratos por más de 500 millones de pesos.
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Del monto observado, cerca de 157 millones de pesos quedaron sin pagar, sin que hasta la fecha exista queja o reclamo formal de las compañías, lo que refuerza la presunción de colusión con funcionarios estatales.
Entre las anomalías documentadas se encuentran pagos sin facturas, asignaciones sin procesos de licitación, falta de firmas en contratos y triangulación de recursos entre las dos compañías favorecidas.
Saldaña Magaña, fue quien informó que se trata de un proceso que requirió una amplia revisión de contratos y auditorías, motivo por el cual las denuncias fueron presentadas apenas ayer.
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De manera paralela, se han presentado en total 70 denuncias ante distintas instancias: la Fiscalía Anticorrupción, el Congreso del Estado, la Auditoría Superior de la Federación (ASF), la Auditoría Superior del Estado y la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno.
Las investigaciones continúan en curso, y se espera que en los próximos días la Fiscalía Anticorrupción determine las primeras acciones legales.
