El Poder Judicial de Tamaulipas desarticula una red de corrupción que alteraba la custodia de menores; esto confirma Tania Contreras López.
Un golpe contundente contra la impunidad y la corrupción interna ha sacudido las estructuras del sistema judicial en la entidad; las autoridades han destapado un esquema ilegal que operaba impunemente a costa del bienestar de las familias más vulnerables del sur del estado.
La Magistrada Presidenta del Supremo Tribunal de Justicia y del Consejo de la Judicatura, Tania Contreras López, confirmó la desarticulación de esta red. El caso marca un precedente inédito en la historia judicial de Tamaulipas y envía un fuerte mensaje de tolerancia cero hacia los malos servidores públicos.
Este operativo es el resultado de un riguroso proceso de investigación interna que comenzó tras recibir múltiples inconformidades ciudadanas; las auditorías aplicadas a diversos expedientes permitieron recolectar las pruebas necesarias para proceder de manera legal y penal contra los involucrados.
La organización delictiva aprovechaba sus posiciones y conocimientos técnicos para manipular la impartición de justicia desde adentro de los juzgados. Su modus operandi consistía en fabricar juicios completamente falsos con el único propósito de arrebatar la patria potestad a padres de familia.
Para lograrlo, los involucrados falsificaban notificaciones oficiales y armaban expedientes falsos a espaldas de los padres biológicos; mediante estas simulaciones procesales, conseguían que jueces otorgaran de manera exprés cambios en la guarda y custodia de los niños, violando todo debido proceso.
La Magistrada en los archivos del Poder Judicial | FOTO: Especial
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La desarticulación de esta célula delictiva involucra tanto a personal del aparato de justicia como a litigantes externos que actuaban en complicidad; la Fiscalía General de Justicia del Estado ya ha tomado cartas en el asunto para asegurar que los presuntos delincuentes enfrenten la ley.
En total, se ha logrado la vinculación a proceso de dos servidores públicos que se desempeñaban como actuarios dentro del Poder Judicial; junto a ellos, tres abogados particulares y el personal que los acompañaba también fueron puestos a disposición de las autoridades ministeriales por estos actos graves.
Se ha logrado la vinculación a proceso de dos servidores públicos | FOTO: Magnific
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Las actividades de esta red de corrupción estaban focalizadas en una región específica de la entidad, donde las quejas habían aumentado de manera alarmante; los afectados denunciaban constantemente irregularidades sospechosas en los juzgados familiares de esa localidad.
La magistrada Tania Contreras detalló que esta era una queja sumamente recurrente en la zona sur de Tamaulipas; al realizar las auditorías profundas a los expedientes señalados, se confirmó plenamente la colusión de servidores públicos y la simulación absoluta de los actos jurídicos.
Las quejas iban en aumento en los juzgados familiares | FOTO: Perla Herrera
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La gravedad de haber falseado información sobre la situación jurídica de menores de edad obligó a las autoridades a replantear sus políticas internas, el Poder Judicial de Tamaulipas ha decidido cerrar el paso a cualquier intento de lucrar con el destino de los niños tamaulipecos.
Por ello, el Supremo Tribunal de Justicia modificó sus criterios para incrementar de manera severa las penas aplicables a estos delitos, de ahora en adelante, cualquier funcionario o litigante que participe en la alteración ilegal del entorno de un menor enfrentará condenas de prisión muy rigurosas.
Se incrementarán las penas a este tipo de delitos | FOTO: Mgnific
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La resolución de este caso representa una advertencia clara para todo el personal que labora en los juzgados del estado; la magistrada presidenta enfatizó que la confianza de la ciudadanía en las instituciones de justicia no debe ser traicionada bajo ninguna circunstancia.
"Al tratarse de un hecho tan grave al haber falseado información respecto de la situación jurídica de los menores, esto nos llevó a dar vista a la Fiscalía", puntualizó Contreras López. Con estas acciones, la administración judicial refrenda su compromiso de limpiar la institución y salvaguardar los derechos humanos de la niñez.
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