Fuerzas federales y estatales realizaron cateos simultáneos y aseguraron inmuebles en la capital tamaulipeca; cuatro personas habrían sido detenidas.
Un operativo en Ciudad Victoria, encabezado por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), habría sido desplegado para desarticular una presunta red dedicada a la extorsión de ganaderos y al control ilegal de la comercialización y movilización de ganado en distintos municipios de Tamaulipas.
Las acciones incluyeron cateos simultáneos en viviendas particulares y oficinas, además del aseguramiento de inmuebles presuntamente relacionados con las actividades investigadas.
El despliegue contó con la participación de fuerzas federales, la Guardia Estatal y personal de Investigación de la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas.
De acuerdo con la información disponible, el operativo habría derivado en la detención de cuatro personas identificadas como Citlali “Z”, Héctor Eduardo “P”, Mariana “W” y Eduardo “S”, quienes estarían relacionadas con una investigación por presuntas actividades de extorsión contra personas dedicadas al sector ganadero.
FOTO | Carlos García
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Las autoridades buscan esclarecer la posible operación de una estructura que habría utilizado mecanismos de presión, amenazas y exigencias económicas para controlar la compraventa y movilización de ganado en diferentes localidades de Tamaulipas.
Entre los municipios señalados en las indagatorias se encuentran El Mante y González, en la zona sur del estado, donde presuntamente se habrían condicionado las actividades comerciales de productores, compradores y otras personas vinculadas con el sector.
Las intervenciones en Ciudad Victoria formarían parte de las diligencias para identificar a los posibles integrantes de esta estructura, establecer sus funciones y determinar el alcance de las operaciones ilegales.
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Las indagatorias habrían iniciado a partir de una denuncia anónima que alertó sobre la posible existencia de una red dedicada a controlar ilegalmente la comercialización y movilización de ganado.
El reporte proporcionó información sobre personas presuntamente involucradas en estas actividades, además de advertir sobre una movilización de ganado programada para la fecha señalada en la denuncia.
Ante estos señalamientos, se ordenó la práctica inmediata de actos de investigación para corroborar los hechos, identificar a los posibles responsables y establecer si existía una estructura que condicionaba las operaciones ganaderas mediante amenazas o exigencias económicas.
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El despliegue habría sido encabezado por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, dependencia federal encabezada por Omar García Harfuch, en coordinación con efectivos de la Guardia Estatal y personal de Investigación de Seguridad Pública de Tamaulipas.
Las acciones comprendieron intervenciones simultáneas en distintos inmuebles de Ciudad Victoria, entre ellos viviendas particulares y oficinas que presuntamente estarían relacionadas con las actividades investigadas.
Además de las cuatro personas que habrían sido detenidas, las autoridades aseguraron inmuebles, aunque hasta el momento no se ha precisado el número de propiedades intervenidas ni los bienes localizados durante las diligencias.
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La Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 28 de noviembre de 2025, contempla penas de 15 a 25 años de prisión, además de multas de 300 a 500 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, conforme al artículo 15.
Esta disposición sanciona a quienes, sin derecho, obliguen a otra persona a dar, hacer, dejar de hacer o tolerar algo, con el propósito de obtener un beneficio o causar un perjuicio patrimonial, moral, físico o psicológico.
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Las investigaciones deberán establecer si los hechos denunciados constituyen extorsión o si existen elementos para acreditar otros delitos, como abigeato y operaciones ilegales relacionadas con la comercialización y traslado de ganado.
Hasta ahora, la información disponible no precisa el número de inmuebles intervenidos, los bienes asegurados ni la situación jurídica individual de las cuatro personas identificadas.
Corresponderá a las autoridades ministeriales y judiciales determinar las posibles responsabilidades de los involucrados conforme avance el procedimiento, respetando en todo momento el principio de presunción de inocencia.
