La abogada Lizeth Alejandra Flores García representa a la familia de Dafne Zapata, quien falleció en un campamento de la Academia Militarizada de Marina Doenitz.
Apenas un año después de obtener su título profesional con uno de los mayores reconocimientos académicos de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), la abogada Lizeth Alejandra Flores García enfrenta el mayor reto de su incipiente carrera: representar legalmente a la familia de Dafne Zapata, la adolescente de 13 años cuya muerte durante un campamento de la Academia Militarizada de Marina Doenitz, en Ciudad Madero, provocó una investigación que ha generado atención en todo el país.
Mientras las autoridades continúan con las indagatorias para determinar las responsabilidades correspondientes, Lizeth se convirtió en la representante legal de los padres de la menor, quienes buscan que el caso sea esclarecido y que, en su caso, se sancione a los responsables conforme a la ley.
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Egresada de la UAT: Ella es la joven abogada de los papás de Dafne Zapata | FOTO: Alerta Tamaulipas
Para muchos profesionistas del Derecho, los primeros años de ejercicio suelen estar marcados por casos civiles, familiares o administrativos que permiten adquirir experiencia de manera gradual.
Sin embargo, la historia de Lizeth Alejandra Flores García tomó un rumbo distinto.
Después de graduarse de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, la joven obtuvo uno de los mayores reconocimientos académicos al alcanzar un nivel sobresaliente en el Examen General para el Egreso de la Licenciatura (EGEL) del CENEVAL, evaluación que mide los conocimientos y competencias adquiridos durante la formación profesional.
Tan solo un año después de concluir sus estudios, asumió la representación legal de los padres de Dafne, un caso que se ha convertido en uno de los más relevantes en Tamaulipas durante 2026.
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La muerte de Dafne durante un campamento organizado por la Academia Militarizada de Marina Doenitz en Ciudad Madero generó una fuerte reacción social debido a las circunstancias en las que ocurrieron los hechos.
Desde entonces, la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas mantiene abiertas las investigaciones para esclarecer lo sucedido, determinar posibles responsabilidades y establecer si existieron conductas constitutivas de delito.
Paralelamente, el caso ha impulsado un debate sobre la regulación, supervisión y protocolos de seguridad que deben cumplir este tipo de instituciones cuando trabajan con niñas, niños y adolescentes.
Para la familia, el proceso judicial representa la búsqueda de respuestas y de justicia; para la defensa legal, implica revisar expedientes, participar en audiencias, presentar pruebas y vigilar que se respeten los derechos de las víctimas durante todo el procedimiento.
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El caso continúa siendo noticia porque las investigaciones siguen en curso y cada etapa del proceso judicial puede aportar nuevos elementos para esclarecer los hechos.
En México, cuando ocurre un caso de alto impacto social en el que una persona menor de edad pierde la vida, las investigaciones suelen desarrollarse durante varios meses e incluso años, debido a la cantidad de pruebas periciales, testimonios y diligencias que deben integrarse al expediente.
Además, este caso ha puesto sobre la mesa la discusión sobre la responsabilidad de las instituciones que organizan actividades de disciplina o formación para menores, así como la necesidad de reforzar los mecanismos de supervisión por parte de las autoridades.
Especialistas en derecho y protección de la infancia han señalado que este tipo de investigaciones también sirven para identificar posibles vacíos normativos y fortalecer las medidas preventivas que eviten hechos similares en el futuro.
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