Una madre acudió al DIF Tampico para solicitar orientación sobre la posibilidad de dar en adopción a su bebé de ocho meses; conoce qué dice la ley de Tamaulipas y qué ocurre con la menor.
El reciente caso de una mujer que acudió de manera voluntaria ante la Procuraduría del Sistema DIF Tampico para solicitar orientación sobre la posibilidad de dar en adopción a su bebé de ocho meses, identificada como D.O.R., ha generado un profundo debate público en Tamaulipas.
La situación abre la interrogante sobre si el marco legal mexicano permite que un progenitor entregue a su hijo ante una autoridad asistencial.
Frente a la identificación de factores de vulnerabilidad en la familia de origen, las autoridades municipales procedieron a dictar una medida urgente de protección.
Esta acción derivó en el resguardo de la lactante en un centro de asistencia social, al mismo tiempo que las áreas jurídicas iniciaron la búsqueda de familiares que puedan integrarse como red de apoyo.
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Sí, es un procedimiento jurídicamente válido y contemplado dentro de los esquemas de protección a la infancia, acudir ante una autoridad competente como la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes para exponer una situación de imposibilidad de cuidado constituye una solicitud formal de apoyo institucional y no un acto ilícito.
En el caso particular de Tampico, la comparecencia voluntaria de la madre permitió que el Estado activara de inmediato los mecanismos de asistencia social.
Esta actuación formal garantiza que la situación de la menor sea evaluada bajo un marco institucional seguro, garantizando su integridad física y sus derechos fundamentales.
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No se configura el delito de abandono de personas por el solo hecho de acudir a solicitar orientación o ayuda institucional, el artículo 362 del Código Penal para el Estado de Tamaulipas sanciona a quien, teniendo la obligación de cuidado, abandone a una persona incapaz dejándola en situación de desamparo o peligro de manera arbitraria.
En el escenario ocurrido en Tampico, la progenitora no dejó a la menor desprotegida en la vía pública ni se sustrajo de sus responsabilidades de forma clandestina.
Al presentarse ante el DIF, propició la intervención del Estado para salvaguardar a la menor, por lo que no se actualizan los elementos para considerarlo una conducta delictiva.
Edificio del Sistema DIF Tampico. FOTO | Carlos García
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La simple manifestación de voluntad de los padres no otorga automáticamente la adopción ni provoca la pérdida inmediata de la patria potestad.
La ley exige el desarrollo de un procedimiento legal riguroso donde se verifique que el consentimiento sea expresado de forma libre, informada, consciente y formalizada ante las instancias judiciales correspondientes.
Asimismo, las leyes en la materia establecen que la falta de recursos económicos o la pobreza no deben ser, por sí solas, causas definitivas para separar a un niño de su familia de origen.
Por ello, la autoridad tiene la obligación de evaluar previamente si existen alternativas de fortalecimiento familiar o redes de apoyo idóneas.
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Durante esta primera etapa de intervención, la menor ingresa a un Centro de Asistencia Social bajo una medida de protección integral y subsidiaria, la legislación vigente prioriza el derecho de la niñez a vivir y desarrollarse en un entorno familiar, por lo que el resguardo institucional se considera una medida estrictamente temporal.
Paralelamente, las autoridades del DIF Tampico trabajan en la localización de familiares biológicos (abuelos, tíos u otros parientes) que puedan y deseen asumir el cuidado de la bebé.
Solo en caso de confirmarse la inviabilidad de la reintegración familiar, se iniciarán los trámites judiciales para declarar la susceptibilidad de adopción.
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Actualmente existen cerca de 100 niñas, niños y adolescentes albergados en distintos Centros de Asistencia Social en el estado de Tamaulipas; sin embargo, no todos están disponibles para ser adoptados.
Estar institucionalizado no equivale jurídicamente a contar con un estatus legal de adopción inmediata.
Para que un menor pueda ser asignado a una familia adoptiva, es indispensable que concluyan las investigaciones del entorno familiar y se emita una resolución judicial que determine la imposibilidad de reincorporación con su familia biológica.
Por ello, solo un porcentaje de la población albergada se encuentra en posibilidades legales de adopción.
