Exsecretaria de Bienestar Social de Tamaulipas, enfrenta un proceso penal por irregularidades en contratos públicos.
La exsecretaria de Bienestar Social de Tamaulipas durante la administración del exgobernador Francisco García Cabeza de Vaca enfrenta un proceso penal por presuntas irregularidades en la asignación de contratos públicos que, de acuerdo con la investigación ministerial, ascienden a casi mil millones de pesos.
Aunque una jueza de control determinó imponer la medida cautelar de prisión preventiva justificada, la exfuncionaria no fue ingresada a un centro penitenciario debido a que cuenta con un amparo federal vigente que impide la ejecución inmediata de esa medida. El caso representa uno de los procedimientos judiciales más relevantes relacionados con el manejo de recursos públicos durante el pasado gobierno estatal y aún se encuentra en una etapa inicial.
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Confirma Fiscalía de Tamaulipas proceso penal contra Yahleel Abdala por irregularidades| FOTO: Yahleel Abdala
La audiencia inicial se prolongó durante aproximadamente nueve horas, luego de que en dos ocasiones anteriores fuera diferida por certificados médicos presentados por la defensa.
Durante la diligencia, el Ministerio Público formuló imputación dentro de la carpeta de investigación 733/2025 y solicitó la imposición de prisión preventiva justificada al considerar que existían elementos suficientes para estimar riesgos procesales.
Tras escuchar los argumentos de ambas partes, la jueza concedió la medida cautelar, aunque aclaró que un amparo federal vigente impide que la exfuncionaria sea privada de su libertad mientras dicho recurso judicial permanezca en vigor.
Posteriormente, la defensa solicitó la duplicidad del término constitucional, mecanismo previsto por la ley que permite contar con más tiempo para preparar la estrategia jurídica antes de que se resuelva si existe vinculación a proceso.
La continuación de la audiencia quedó programada para el próximo 1 de julio a las 13:00 horas, cuando la autoridad judicial determinará si YAC será vinculada o no a proceso por los hechos que le atribuye la Fiscalía.
Al finalizar la audiencia, la exfuncionaria aseguró que enfrentará el procedimiento conforme a derecho y afirmó que este tipo de situaciones forman parte de la vida pública.
“Estoy acostumbrada a jornadas de trabajo intensas; esta es la tercera ocasión que acudimos. Es parte de lo que nos toca vivir a las mujeres que participamos en la política”, declaró.
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La investigación forma parte de diversas indagatorias abiertas en Tamaulipas sobre el ejercicio de recursos públicos durante la administración estatal encabezada por Francisco García Cabeza de Vaca.
En los últimos años, las autoridades estatales han impulsado auditorías y revisiones de contratos celebrados por distintas dependencias del gobierno anterior con el objetivo de determinar si existieron irregularidades administrativas o posibles delitos relacionados con el uso del presupuesto público.
En este caso específico, la Fiscalía sostiene que existen presuntas anomalías en la asignación de contratos cuyo monto conjunto ronda los mil millones de pesos. Sin embargo, esta etapa del procedimiento únicamente corresponde a la formulación de imputación, por lo que todavía no existe una resolución judicial que determine responsabilidad penal.
Es importante señalar que, conforme al sistema penal acusatorio mexicano, toda persona mantiene la presunción de inocencia hasta que exista una sentencia firme.
Asimismo, el amparo obtenido por la exfuncionaria no implica el cierre del proceso ni una absolución. Este recurso constitucional únicamente suspende temporalmente la ejecución de determinados actos de autoridad mientras un juez federal analiza si existieron posibles violaciones a sus derechos.
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La prisión preventiva justificada es una medida cautelar que puede solicitar el Ministerio Público cuando considera que existen riesgos como:
Esta medida no constituye una condena ni significa que la persona sea culpable. Su finalidad es garantizar el correcto desarrollo del proceso penal.
En el caso de la ex secretria de bienestar YAC la orden no pudo ejecutarse debido al amparo federal vigente, por lo que continuará enfrentando el procedimiento en las condiciones que determinen las autoridades judiciales mientras se resuelve dicho recurso.
El siguiente paso será la audiencia de vinculación a proceso, donde la jueza analizará si las pruebas iniciales presentadas por la Fiscalía permiten continuar formalmente con la investigación penal.
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