El secretario del comité asegura que la tesorera recibió $600 mil desde junio y hasta ahora no ha presentado un informe detallado sobre el uso del recurso.
Integrantes del comité de La Escuela es Nuestra de la Secundaria Técnica número 91 de Matamoros denunciaron presuntas irregularidades y falta de rendición de cuentas sobre 600 mil pesos de recursos federales destinados a realizar mejoras y adquirir equipamiento para el plantel, donde estudian más de 500 alumnos.
El señalamiento fue realizado por Jorge Enrique Pedraza Rodríguez, secretario del comité del programa en esa institución, quien aseguró que la tesorera, Adriana Segovia Jaimes, recibió los recursos desde principios de junio y, de acuerdo con su versión, hasta ahora no ha presentado al resto del comité un informe detallado que permita conocer cuánto dinero se ha ejercido, en qué se gastó y cuál es el saldo disponible.
FOTO | Ramón Sánchez
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Pedraza Rodríguez explicó que los recursos fueron entregados para realizar acciones previamente acordadas por el comité de La Escuela es Nuestra.
Según su testimonio, existía un acuerdo para adquirir 15 pantallas de gran tamaño, 15 computadoras portátiles y 10 máquinas de coser destinadas al taller de industria del vestido.
Sin embargo, sostiene que hasta ahora únicamente tienen conocimiento de la compra de cinco pantallas y una impresora.
“No sabemos cuánto pagó de las cinco pantallas ni de la impresora y no sabemos qué le ha hecho al resto del dinero porque no quiere rendir un informe”, acusó.
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Pedraza Rodríguez también señaló la supuesta intervención de Marco Mireles, a quien identifica como facilitador del programa, y Uriel Martínez, a quien refiere como enlace con la Ciudad de México.
De acuerdo con su versión, ambos participaron en una reunión con padres de familia y realizaron planteamientos sobre cómo podrían invertirse los 600 mil pesos.
El secretario sostiene que esas decisiones deben ser tomadas por el propio comité escolar y cuestionó que personas externas pretendan influir en ellas.
También afirmó que algunas madres de familia que participan como vocales habrían sido amedrentadas por personas ajenas al plantel.
Se trata nuevamente de acusaciones realizadas por Pedraza Rodríguez, por lo que corresponderá a las instancias responsables determinar si existió alguna irregularidad.
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El secretario del comité aseguró que el caso ya fue denunciado ante autoridades, debido tanto a la falta de información sobre el ejercicio de los recursos como a la presunta intervención de terceros.
Pedraza señaló que también hicieron del conocimiento de autoridades en Ciudad Victoria y Ciudad de México lo que está ocurriendo en la Secundaria Técnica 91.
La exigencia central, explicó, es conocer documentalmente qué ocurrió con los 600 mil pesos destinados al plantel.
“Nosotros no queremos que una persona se lleve el dinero que le pertenece a los alumnos de esta escuela, queremos que las autoridades educativas intervengan y que se haga algo al respecto”, expresó.
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De acuerdo con las reglas de operación vigentes del programa La Escuela es Nuestra, los recursos son administrados directamente por los Comités Escolares de Administración Participativa (CEAP).
La tesorera tiene responsabilidades específicas sobre la administración, comprobación y documentación de los recursos, mientras las decisiones sobre su aplicación deben sujetarse a los mecanismos establecidos por el programa.
El esquema busca precisamente que las comunidades escolares participen directamente en la definición de las necesidades prioritarias de cada plantel y en el ejercicio del presupuesto asignado.
Por ello, más allá de determinar en este momento si existió o no alguna conducta irregular, la controversia de la Secundaria Técnica 91 plantea una pregunta concreta que puede resolverse documentalmente:
¿Cuánto de los 600 mil pesos se ha gastado, qué bienes fueron adquiridos, cuánto costaron y cuánto dinero permanece disponible?
La respuesta deberá surgir de los comprobantes y de la revisión que realicen las autoridades.
Mientras tanto, integrantes del comité piden que se transparenten las operaciones y que cualquier recurso pendiente sea utilizado para el propósito original: mejorar las condiciones educativas de los más de 500 estudiantes de la Secundaria Técnica 91 de Matamoros.
