La Secretaría de Finanzas asegura que no existen pasivos con proveedores durante 2026 y que los pagos se realizan en un plazo máximo de 30 días.
El Gobierno de Tamaulipas no mantiene actualmente deudas ni pasivos con sus proveedores correspondientes al ejercicio fiscal 2026 y los pagos se realizan en un periodo máximo de 30 días, aseguró el secretario de Finanzas estatal Carlos Irán Ramírez González.
La declaración surge después de la revisión que realiza la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno al padrón estatal de proveedores, donde su titular, Norma Angélica Pedraza Melo, confirmó que ya fueron detectados incumplimientos normativos y que la siguiente etapa será revisar los expedientes para establecer si las empresas observadas recibieron contratos gubernamentales.
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Al ser cuestionado directamente sobre los adeudos de la administración estatal con empresas que suministran productos y servicios, el secretario de Finanzas rechazó que existan pasivos correspondientes al actual ejercicio fiscal.
“No, pues en este ejercicio fiscal no tenemos deuda ni pasivos con los proveedores”, aseguró Ramírez González.
El secretario destacó la importancia que tienen estas empresas para la economía y sostuvo que el Gobierno estatal mantiene una política para cubrir los compromisos en un periodo que no debe superar los 30 días.
Al preguntarle si actualmente ese es el plazo en el que se están realizando los pagos, respondió que pueden efectuarse incluso “en 30 días o menos”.
De acuerdo con lo expresado por el funcionario, la instrucción del gobernador Américo Villarreal Anaya es mantener los pagos dentro de ese periodo.
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“Nosotros trabajamos siempre y cuando el expediente cumple con la normatividad, pagamos dentro de los 30 días”, afirmó Irán Ramírez.
Es precisamente este punto el que adquiere relevancia ante la auditoría que actualmente desarrolla la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.
Norma Angélica Pedraza reconoció que se encontraron proveedores registrados que no cumplieron algunos requisitos establecidos por la normatividad.
Entre los aspectos que están siendo revisados se encuentra que la actividad económica de las empresas corresponda con la registrada ante el SAT, así como el cumplimiento de obligaciones fiscales y aquellas relacionadas con IMSS e Infonavit.
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Anticorrupción confirmó la detección de incumplimientos dentro del padrón, pero todavía no ha establecido públicamente que esos proveedores hayan obtenido contratos o recibido pagos.
Cuando Pedraza Melo fue cuestionada directamente sobre este punto, señaló que precisamente esa será la siguiente etapa de la auditoría.
La dependencia ha identificado 19 proveedores dentro del ejercicio de revisión y solicitará sus expedientes para profundizar en el análisis.
Por su parte, Finanzas sostiene que los pagos son procesados cuando los expedientes cumplen con la normatividad.
Será el cruce entre ambas revisiones el que permita establecer si alguno de los proveedores observados por Anticorrupción mantuvo relaciones contractuales con dependencias estatales y, en su caso, si recibió recursos públicos.
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La siguiente etapa de la auditoría será fundamental para conocer el alcance de las inconsistencias encontradas.
Anticorrupción anunció además que avanzará hacia verificaciones físicas de los domicilios proporcionados por las empresas, debido a que actualmente parte del registro se sustenta en documentación presentada por los propios proveedores.
El asunto cobró notoriedad después de que funcionarios estatales fueran cuestionados sobre un proveedor relacionado con una adquisición cercana a 7 millones de pesos en papelería para la Secretaría de Seguridad Pública, cuyo domicilio fue referido durante las entrevistas como correspondiente a una farmacia.
La autoridad anticorrupción no confirmó una irregularidad específica en ese caso y señaló que las verificaciones domiciliarias formarán parte de la revisión.
Por ahora, Finanzas asegura que no existen pasivos con los proveedores durante 2026 y que aquellos cuyos expedientes se encuentran en regla reciben sus pagos en un máximo de 30 días.
