La FGJ Tamaulipas evalúa entregar el estímulo económico a los agentes tras la detención de José Arturo “N”.
La Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas mantiene en revisión los mecanismos legales para determinar si los elementos operativos de la Guardia Estatal pueden recibir la recompensa económica tras la reciente captura de José Arturo “N”, exintegrante del Grupo de Operaciones Especiales (GOPE).
El detenido permanecía prófugo de la justicia desde el pasado mes de abril, cuando protagonizó una fuga del Centro Integral de Justicia de Ciudad Victoria al solicitar permiso para ir al sanitario.
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Sobre el imputado pesaba un estímulo económico de hasta 300 mil pesos ofrecido por las autoridades para lograr su localización. Su captura se concretó durante un operativo desplegado en la comunidad rural de Santa Engracia, perteneciente al municipio de Hidalgo.
Este hecho ha abierto un debate institucional sin precedentes sobre si los incentivos originalmente dirigidos a la ciudadanía en general pueden ser entregados a agentes en activo que ejecutan un mandamiento judicial en el ejercicio de sus funciones.
La FGJT mantiene en revisión los mecanismos legales para determinar si los elementos operativos pueden recibir la recompensa económica. Foto / FGJT
El Fiscal General de Justicia de Tamaulipas, Jesús Eduardo Govea Orozco, confirmó que las áreas jurídicas de la institución se encuentran analizando la viabilidad procesal de esta entrega.
Aunque este tipo de convocatorias se diseñan para incentivar la participación ciudadana mediante denuncias anónimas, la efectividad del operativo desplegado por la Guardia Estatal obliga a considerar si es procedente otorgar un beneficio o reconocimiento económico extraordinario al personal uniformado que arriesgó su integridad durante la aprehensión.
"Ese tema de la recompensa es un aspecto importante que vale decir: si bien la publicación de la recompensa está dirigida principalmente a la ciudadanía, estamos analizando también, en este o en casos análogos, si es procedente que también el personal policial que haya participado pueda ser acreedor o pueda acceder a algún beneficio al respecto", puntualizó el fiscal.
Esta resolución podría sentar un precedente relevante para futuros operativos donde intervengan corporaciones de seguridad pública estatal.
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El procesado solicitó permiso para acudir a los sanitarios del inmueble, momento que aprovechó para burlar la custodia institucional y darse a la fuga sin que se activaran a tiempo los protocolos de contención.
La negligencia u omisión en la vigilancia derivó en un intenso operativo de búsqueda que se prolongó por varios meses en distintas regiones del estado.
Derivado de este acontecimiento, la representación social no solo mantuvo activa la orden de aprehensión por los delitos graves que originaron su proceso inicial, sino que abrió una carpeta de investigación complementaria.
La evitación de la acción de la justicia con llevó la imputación del delito de evasión de presos, sumando un nuevo frente penal contra el expolicía y derivando en sanciones inmediatas para el personal encargado de su traslado y custodia formal dentro del recinto judicial.
José Arturo “N” es identificado como un actor clave dentro de la investigación vinculada a la masacre ocurrida en enero de 2021 en el municipio de Camargo, Tamaulipas.
En aquel suceso, 19 personas, en su mayoría migrantes de origen centroamericano, fueron privadas de la vida y sus cuerpos posteriormente calcinados en el interior de vehículos abandonados.
El caso provocó consternación a nivel internacional y derivó en la intervención de múltiples organismos defensores de los derechos humanos.
Las autoridades judiciales buscan garantizar que el imputado permanezca bajo custodia estricta mientras se desahogan las audiencias correspondientes, evitando cualquier riesgo de sustracción que pueda obstaculizar el acceso a la verdad y la procuración de justicia para las familias de las víctimas del multihomicidio.
La FGJT mantiene en revisión los mecanismos legales para determinar si los elementos operativos pueden recibir la recompensa económica. Foto / FGJT
Las investigaciones realizadas tras el incidente en el Centro Integral de Justicia confirmaron la presunta responsabilidad de servidores públicos adscritos a la custodia del recinto.
Dos elementos de la Policía Procesal fueron puestos a disposición de la autoridad judicial por su probable complicidad o falta grave en el cumplimiento de su deber, al haber permitido que el detenido abandonara el área de sanitarios sin la debida supervisión.
El Fiscal General, Jesús Eduardo Govea Orozco, reiteró que la causa penal en contra de los custodios continúa su marcha de manera independiente a la captura del expolicía. "Sí, habría dos personas contra las que se ejercitó acción penal.
Sigue el proceso en contra de ellos, están vinculados a proceso también", ratificó el titular del organismo, dejando claro que no habrá impunidad para los elementos que comprometan la seguridad de las personas privadas de la libertad.
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Posterior a su localización y detención por parte de la Guardia Estatal en el poblado de Santa Engracia, José Arturo “N” fue trasladado de inmediato bajo un fuerte dispositivo de seguridad para ser puesto a disposición del Juez de Control competente.
Tras la calificación formal de la detención y la formulación de imputación por el delito de evasión, las autoridades judiciales determinaron la medida cautelar correspondiente para salvaguardar el proceso penal.
Este centro penitenciario ofrece las condiciones de máxima seguridad requeridas para evitar un nuevo intento de fuga, permitiendo que la Fiscalía General de Justicia del Estado desahogue el plazo de investigación complementaria fijado por el juez procesal.
