Iglesia de la Santa Cruz: abogado revela impunidad a dos años de la tragedia
Son dos años del derrumbe de la Parroquia de la Santa Cruz en Ciudad Madero y víctimas siguen sin apoyo ni justicia. Familias denuncian abandono de autoridades y silencio de la Iglesia.
El 1 de octubre de 2023, el techo de la Parroquia de la Santa Cruz se vino abajo en la colonia Unidad Nacional de Ciudad Madero, Tamaulipas, sepultando una ceremonia de bautizos y dejando 12 personas sin vida y más de 50 heridas.
Desde entonces, nada fue igual para decenas de familias, quienes lamentablemente continúan sufriendo la pérdida de sus seres queridos, mientras a la vez tienen que soportar la impunidad que se vive en el estado de Tamaulipas.
A dos años del acontecimiento que expuso a la comunidad feligrés en el foco internacional, el representante legal de doce víctimas reveló posturas, brindó una actualización, mientras continúa exigiendo justicia por sus representados.
La tragedia en la parroquia de la Santa Cruz, en Ciudad MAdero, ocurrió el pasado 1° de octubre de 2023. Foto: Axel Hassel
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¿Qué fue revelado acerca de las víctimas de la tragedia de la Santa Cruz?
Roberto Alejandro Ramírez Padilla, asesor jurídico de 12 personas afectadas, señaló que ninguna de ellas ha recibido reparación por lo ocasionado, pues asegura solamente un personaje político colaboró en la secuela de la tragedia, mientras los demás solo se comprometían y posaban para las fotos.
“No hubo ningún apoyo para las víctimas, ningún apoyo por ninguna autoridad, solamente a los que fallecieron en pago del sepelio por parte del presidente de Altamira, Armando Martínez, los demás políticos que fueron solamente fue para la foto”, explicó.
Casos como el de Iván, un joven de poco más de 30 años, son los que exponen lo fría que puede ser la impunidad, él tuvo fractura de tibia y peroné sometiéndose a tres cirugías, que lamentablemente lo mantienen sin trabajar y su familia ha tenido que gastar más de 100 mil pesos en tratamientos.
También recordó la situación de una familia que perdió a su hija Edith, dejando en orfandad a un niño de siete años, sus abuelos de edad avanzada, han asumido la crianza del menor, quien aparentemente, al decir de los políticos, recibiría becas para su escuela, pero nunca sucedió.
Roberto Alejandro Ramírez Padilla, asesor jurídico de las personas afectadas tras el derrumbe de la parroquia de la Santa Cruz. Foto: Axel Hassel
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¿Cómo respondió la comunidad católica por la tragedia de la Santa Cruz?
La postura de la Diócesis de Tampico, asegura el abogado ha sido distante; informó que varios de sus clientes se entrevistaron con el obispo José Armando Álvarez Cano, quien dijo que dejaría todo en manos de la justicia, sin embargo se retiró del cargo y jamás vio por su comunidad.
Incluso el párroco se ha asumido como una víctima más, “el padre sigue en su postura de que esto fue un accidente y de que la Iglesia también sufre, pero lo cierto es que los accidentes no existen, las negligencias sí”, subrayó Ramírez Padilla.
Otra de las situaciones que causa inconformidad para el abogado y sus víctimas, es el hecho de que ellos continúan esperando alguna respuesta de la autoridad, mientras a un costado del terreno de la tragedia ya se levantó una nueva parroquia equipada con aire acondicionado y luminarias.
Es decir, la administración se preocupó más por reconstruir un edificio que por reparar el daño humano que enfrentan las decenas de familias dañadas desde aquel 1 de octubre.
El párroco de la Santa Cruz sigue sosteniendo que el derrumbe fue un accidente y que no se debió a negligencias estructurales. Foto: Axel Hassel
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¿Qué demandas plantearon los afectados y por qué desistieron?
El abogado Ramírez Padilla explicó que el objetivo principal y justo era conseguir una indemnización para los afectados , sin embargo, ante el peritaje de la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas y sin el respaldo de ninguna autoridad, poco se pudo hacer.
“Lo que reclamábamos era que se cubrieran todos y cada uno de los gastos médicos, una reparación por daño moral y apoyo educativo para el menor en orfandad”, detalló.
Refirió que la propuesta inicial era de 2 millones de pesos por cada víctima mortal, además de cubrir los costos de cirugías y tratamientos de los lesionados, sin embargo, el proceso fue abandonado por el desgaste emocional y económico que significaba para las familias.
“Ya no quisieron continuar, era algo muy doloroso tanto emocional como físicamente; algunos pensaron en ir a la Ciudad de México o a Ciudad Victoria a pedir apoyo, pero implicaba gastos que no podían cubrir”, explicó.
El abogado concluye que la deuda con las víctimas sigue vigente y agregó que “si esto hubiera ocurrido en un centro comercial, probablemente ya habría responsables tras las rejas, aquí por el poder de la Iglesia, se quedó en el olvido”.
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