El Infonavit fue ordenado a pagar de cerca de 200 mil pesos por gastos y costas judiciales tras perder un juicio en Tampico.
El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) perdió un juicio reivindicatorio promovido para recuperar una vivienda ubicada en Tampico, Tamaulipas, por lo que ahora enfrenta un procedimiento para cubrir cerca de 200 mil pesos por concepto de gastos y costas judiciales.
De no cumplir con la resolución, la defensa del particular advirtió que solicitará la ejecución forzosa de la sentencia, la cual podría incluir el embargo de bienes del instituto.
FOTO | Axel Hassel
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El abogado Raúl González, del despacho Ramírez y Abogados, explicó que el litigio comenzó en 2023, cuando el Infonavit promovió una acción reivindicatoria para recuperar el inmueble.
Durante el proceso, la defensa del particular presentó diversas excepciones jurídicas, entre ellas la falta de acción, al sostener que el instituto no acreditó contar con el derecho real necesario para reclamar la propiedad.
Tras el desahogo de las pruebas, el juzgado resolvió en 2025 a favor del demandado al concluir que el Infonavit no demostró la procedencia de su reclamación.
"El juzgado determinó que el Infonavit no acreditó su pretensión y nuestro representado conservó el derecho de permanecer en el inmueble", señaló el abogado.
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Después de obtener la sentencia favorable, la defensa promovió un incidente de gastos y costas para recuperar los recursos que el cliente desembolsó durante el proceso judicial, incluidos honorarios de abogados, asesorías y peritajes.
Raúl González indicó que primero solicitaron el pago de manera voluntaria; sin embargo, al no recibir respuesta, promovieron la ejecución de la resolución para exigir el cumplimiento de la condena.
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El abogado explicó que el monto reclamado asciende a aproximadamente 200 mil pesos y advirtió que, si el Infonavit continúa sin cumplir la sentencia, solicitarán el embargo de bienes como parte del procedimiento de ejecución.
Precisó que la medida podría alcanzar mobiliario, equipo de oficina e incluso objetos decorativos que se encuentren en las instalaciones del instituto, siempre conforme a lo que determine la autoridad judicial y hasta cubrir el monto fijado en la resolución.
No obstante, señaló que ambas partes mantienen conversaciones para buscar un acuerdo que permita cumplir la sentencia sin llegar a la ejecución del embargo.
