Inhabilitan por 10 años a exdelegado de SAGARPA en Tamaulipas por convenio irregular
El exfuncionario simuló un acuerdo con una persona fallecida para transferir un apoyo de 330 mil pesos a una empresa, que también recibió una sanción administrativa.
La resolución forma parte de las acciones emprendidas por las autoridades federales contra irregularidades cometidas en el ejercicio de funciones públicas y en operaciones relacionadas con recursos gubernamentales. Foto / SADER
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La sanción contra Eduardo “M.” fue impuesta por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), según informó la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno el 16 de noviembre, al presentar un balance de resoluciones relacionadas con faltas administrativas graves.
Un exdelegado de SAGARPA en Tamaulipas fue inhabilitado durante diez años: Foto / SADER
¿Cómo se realizó el convenio irregular?
De acuerdo con la información oficial, los hechos ocurrieron en 2018, cuando el entonces funcionario participó en la simulación de un convenio mediante el cual se pretendía transferir a una empresa un apoyo económico de 330 mil pesos.
La irregularidad consistió en utilizar a una persona que ya había fallecido para formalizar la operación, relacionada con recursos destinados a un programa de riego tecnificado.
El caso fue investigado por el Órgano Interno de Control del sector Agricultura, como parte de los procedimientos para determinar posibles responsabilidades administrativas.
¿Qué sanciones recibieron el exfuncionario y la empresa?
El Tribunal Federal de Justicia Administrativa determinó imponer una inhabilitación de diez años al exdelegado, mientras que la empresa involucrada, identificada como “R.”, recibió una sanción de un año.
La resolución forma parte de las acciones emprendidas por las autoridades federales contra irregularidades cometidas en el ejercicio de funciones públicas y en operaciones relacionadas con recursos gubernamentales.
¿La resolución contra el exdelegado ya es definitiva?
La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno explicó que este caso corresponde a faltas administrativas graves, cuya resolución compete al Tribunal Federal de Justicia Administrativa.
Sin embargo, aclaró que las personas y empresas sancionadas conservan el derecho de impugnar las determinaciones mediante los procedimientos legales correspondientes.